El Partido Popular señala la responsabilidad política del Gobierno tras la declaración de Ábalos en el Supremo
La dirección nacional del Partido Popular ha valorado este miércoles la comparecencia del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo, en la que negó el cobro de comisiones irregulares. Los portavoces de la formación han contrapuesto el derecho de defensa del encausado con la solidez de las pruebas recabadas durante la instrucción, situando el foco en la responsabilidad política del Ejecutivo en la designación de los cargos investigados.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado que, si bien un acusado posee el derecho legal a faltar a la verdad para favorecer su defensa, las evidencias presentadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil resultan determinantes. Gamarra ha sostenido que la situación judicial del exministro compromete la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha señalado como responsable último del acceso de estos perfiles a la toma de decisiones y al manejo de fondos públicos.
Por su parte, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, ha expresado un respeto institucional por los procedimientos judiciales, instando a evitar el exceso de comentarios sobre la labor de magistrados y fiscales. No obstante, Sémper ha diferenciado el proceso penal de la valoración ética de los hechos, calificando de inmoral que se realizaran negocios con material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19.
Sémper ha reiterado su confianza en que los tribunales aplicarán la ley con rigor sobre aquellos que hayan utilizado su posición de privilegio para el enriquecimiento personal. Desde la formación han incidido en que la censura política es independiente del recorrido judicial y que esta debe centrarse en la ejemplaridad exigible a los representantes públicos en el ejercicio de sus funciones.
Estas declaraciones se producen tras la jornada del lunes, en la que José Luis Ábalos negó ante el alto tribunal haber recibido «mordidas» del empresario Víctor de Aldama. El exministro de Transportes cuestionó los informes de la UCO que le atribuyen un incremento patrimonial no justificado de 94.000 euros en diez años, asegurando que las cantidades reales son significativamente menores y desligándolas de cualquier actividad ilícita.
El caso, que continúa bajo instrucción en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado de Ábalos, sigue marcando el debate parlamentario. Mientras la justicia dirime las posibles responsabilidades penales derivadas de la trama de contratos de mascarillas, la oposición mantiene su estrategia de fiscalización sobre el entorno del Palacio de la Moncloa y la gestión de los nombramientos realizados durante la pasada legislatura.
