La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha recibido este lunes un escrito de denuncia presentado por un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en relación con la gestión del embajador de España en la India, Juan Antonio March. El documento, que también ha sido remitido al Tribunal de Cuentas, señala presuntos indicios que podrían tener relevancia penal en los ámbitos de la contratación pública y la administración de fondos en la legación diplomática de Nueva Delhi.
La denuncia se fundamenta en la supuesta existencia de informes oficiales y testimonios de trabajadores que apuntarían a una gestión unilateral por parte del jefe de misión. Según el texto remitido al equipo del fiscal jefe Alejandro Luzón, se habrían detectado irregularidades en la organización de actividades culturales que, presuntamente, eludieron los cauces de fiscalización administrativa obligatorios del Ministerio y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El núcleo de la controversia se sitúa en una serie de conciertos programados en el estado de Rajastán a principios de año. El escrito sostiene que el embajador habría gestionado de forma directa patrocinios con empresas privadas y autoridades locales por valor de decenas de miles de euros, con el objetivo de sufragar actuaciones de artistas sin que dicho capital ingresara en la caja oficial de la embajada. Esta práctica habría evitado el control de la cancillería y el registro en el sistema Sicce, requisito preceptivo para cualquier acto bajo el amparo de la legación.
Entre los hechos descritos, destaca la contratación de una mezzosoprano de nacionalidad china y alemana, quien ya habría recibido pagos previos por servicios similares en 2023. La denuncia señala que la justificación para su contratación se basó en un repertorio de lírica española que no se correspondería con su trayectoria artística oficial. Asimismo, se menciona la supuesta orden verbal del embajador a sus subordinados para que empresas externas, como la firma encargada de la externalización de visados, costearan directamente los vuelos internacionales de los artistas involucrados.
El denunciante indica que estos hechos fueron puestos previamente en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores. No obstante, ante la falta de constancia sobre un posible traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal por parte del departamento que dirige José Manuel Albares, el funcionario ha optado por elevar el caso directamente a las autoridades judiciales y contables para su evaluación.
La recepción de este escrito no supone, por el momento, la apertura formal de una investigación contra el embajador March. La Fiscalía Anticorrupción deberá ahora analizar la documentación aportada y los indicios presentados para determinar si existe fundamento suficiente para iniciar diligencias previas de investigación o si, por el contrario, procede el archivo de las actuaciones.
