La FEMP denuncia la paralización del convenio con el Gobierno para gestionar la regularización de migrantes
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado su malestar ante la falta de avances en el convenio de colaboración prometido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según fuentes de la federación, han transcurrido quince días desde el último contacto formal con la Secretaría de Estado de Migraciones sin que se haya concretado la dotación presupuestaria ni los medios técnicos necesarios para que los ayuntamientos afronten el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes.
El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, mantuvo una reunión el pasado 24 de abril con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, con el objetivo de establecer un marco de cooperación que facilitara el flujo de información y la asistencia técnica. Sin embargo, desde la federación aseguran que, tras ese encuentro, no se han producido nuevas comunicaciones para consensuar los términos de un acuerdo que consideran urgente ante la carga de trabajo que recae sobre los servicios municipales.
El proceso de regularización, aprobado mediante Real Decreto el pasado 14 de abril y en vigor desde el día 16 del mismo mes, ha generado un incremento significativo en la demanda de servicios en las entidades locales, especialmente en aquellas con mayor porcentaje de población inmigrante. Los ayuntamientos denuncian que la tramitación de solicitudes, que comenzó de forma presencial el 20 de abril, ha desbordado sus capacidades operativas al no contar con refuerzos de personal ni partidas económicas adicionales.
Desde la FEMP se ha recordado que la Administración General del Estado ha reforzado sus oficinas de extranjería mediante la colaboración de entidades como Tragsa y Correos. Por el contrario, las administraciones locales aseguran encontrarse en una situación de desprotección financiera para gestionar lo que califican como una «carga de trabajo excepcional» concentrada en un breve periodo de tiempo, centrada principalmente en la atención prestada por los servicios sociales municipales.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene que mantiene un «diálogo constante» con la federación de alcaldes. En su última comunicación oficial, el departamento ministerial subrayó que el futuro convenio busca mejorar la capacidad de actuación en todo el territorio nacional, resolviendo dudas técnicas y agilizando los procedimientos administrativos. El Gobierno defiende que este marco de colaboración reforzará la cooperación técnica ya existente entre ambas instituciones.
No obstante, la representación de los municipios lamenta que la coordinación no se produjera de manera previa a la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros. Martínez-Sicluna ya había advertido en febrero, a través de una serie de alegaciones, sobre las dificultades logísticas que este proceso extraordinario supondría para los ayuntamientos. La federación insiste en la necesidad de que el convenio se firme a la mayor brevedad para evitar el colapso de los servicios públicos de proximidad.
