Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid en calidad de investigado. La magistrada titular de la sección ha citado a Rodríguez para declarar por un presunto delito de revelación de secretos, tras la difusión de datos personales y fotografías de dos periodistas del diario El País en un canal de comunicación con profesionales de la información.
La diligencia judicial se produce tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir el caso, revocando el archivo inicial dictado por la jueza instructora. El tribunal superior determinó el pasado mes de marzo que es necesario esclarecer las circunstancias bajo las cuales el jefe de gabinete obtuvo la identidad y las imágenes de los redactores, así como la finalidad de su posterior divulgación. El auto judicial subraya la pertinencia de investigar si el envío de estos datos vulneró el derecho a la intimidad de los afectados.
Los hechos que motivan la querella ocurrieron el 19 de marzo de 2024. En esa fecha, los dos periodistas se encontraban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña realizando una investigación sobre una presunta obra ilegal en la vivienda. Durante su labor informativa, un agente de la escolta de la presidenta, vestido de paisano, procedió a su identificación. Poco después, Rodríguez habría remitido a un chat con diversos medios de comunicación los nombres, apellidos y una fotografía de los informadores, acompañados de mensajes en los que se les acusaba de acosar a vecinos y menores.
La difusión de estos mensajes coincidió con la publicación de informaciones relativas a la situación fiscal de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, quien ha sido denunciado por la Fiscalía por un presunto fraude a la Hacienda Pública. La denuncia presentada por los periodistas y por el PSOE sostiene que la actuación de Miguel Ángel Rodríguez buscaba intimidar a la prensa y obstaculizar las pesquisas periodísticas sobre el entorno de la presidencia regional.
Además de la declaración del querellado, la magistrada ha citado para la jornada de hoy a los dos periodistas afectados en calidad de perjudicados, así como a varios testigos que deberán aportar claridad sobre el flujo de la información confidencial desde el ámbito policial hasta el gabinete de la presidencia. El proceso judicial busca determinar si existió un uso indebido de información obtenida mediante el ejercicio de funciones públicas para fines ajenos al interés general.
Desde el ámbito político, representantes del PSOE han manifestado su confianza en el recorrido judicial de la causa, calificando de «vergüenza» que un alto cargo de la administración autonómica se vea involucrado en el señalamiento de profesionales de la información. Por su parte, el entorno de la presidenta madrileña ha evitado realizar valoraciones adicionales sobre la comparecencia, remitiéndose a la defensa técnica que se ejercerá en sede judicial.
