Gobierno de México apela a la presunción de inocencia ante solicitudes de extradición de funcionarios

El sistema judicial mexicano enfrenta una tensión institucional tras la presentación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez servidores públicos, entre los que destacan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza. El caso ha generado un debate sobre la aplicación del debido proceso y la presunción de inocencia, en un contexto donde la administración federal defiende estas garantías frente a las imputaciones externas, mientras mantiene políticas de prisión preventiva oficiosa a nivel nacional.

La controversia inició el pasado 29 de abril, cuando las autoridades estadounidenses vincularon a los funcionarios mexicanos con actividades de narcotráfico y complicidad con el cartel de Sinaloa. Ante la solicitud de extradición, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado que Washington no ha entregado evidencias contundentes que sustenten las acusaciones. El Ejecutivo Federal argumenta que la comunicación de las imputaciones, realizada mediante un comunicado conjunto de la Fiscalía General y la Administración de Control de Drogas (DEA), vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, especialistas en materia jurídica señalan que el tratado de extradición bilateral de 1978 establece un marco administrativo distinto a un juicio penal. Según este instrumento, el país requirente no está obligado a demostrar culpabilidad plena en la fase inicial, sino a acreditar la existencia de una causa probable para el procesamiento del sujeto en su territorio. Como consecuencia de la presión política derivada de este proceso, Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo ante el Congreso de Sinaloa para separarse de la gubernatura.

La postura garantista adoptada por el Gobierno de México ante las solicitudes de extradición contrasta con la política criminal interna. Durante la actual administración, se ha impulsado la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), una figura que permite el encarcelamiento sin necesidad de que un juez valore el riesgo de fuga o la peligrosidad del imputado. Esta medida ha llevado a las instituciones penitenciarias a niveles históricos de ocupación.

Cifras registradas al corte de marzo de 2026 indican que la población penitenciaria en México superó las 261,000 personas, la cifra más alta registrada en los últimos 26 años. De este total, aproximadamente 105,000 personas —equivalente al 40% de la población carcelaria— permanecen recluidas sin una sentencia definitiva. El informe detalla un excedente de 34,000 internos por encima de la capacidad instalada, con un crecimiento del 11% en la población carcelaria entre finales de 2024 y principios de 2026, impulsado principalmente por el uso de la prisión preventiva.

Organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han emitido sentencias en contra del Estado mexicano por el uso de esta figura jurídica. En los fallos relativos a los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile, el tribunal determinó que la prisión preventiva oficiosa contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afectando la libertad personal y la independencia judicial. Asimismo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha recomendado reiteradamente su eliminación del ordenamiento constitucional mexicano.

En el ámbito local, casos como el de Rosario Robles o el reciente proceso contra operadores ferroviarios tras el descarrilamiento en el Tren Interoceánico han servido como ejemplos del uso de la prisión preventiva en el sistema judicial. Mientras que en el caso de los funcionarios de Sinaloa el Gobierno Federal exige pulcritud procesal, la aplicación sistemática de la PPO en otros sectores de la sociedad continúa bajo el escrutinio de organismos defensores de derechos humanos.

La resolución de las solicitudes de extradición y la posible reforma al sistema de justicia para atender los mandatos internacionales permanecen como los retos principales de la agenda jurídica y diplomática de la actual administración, en un entorno de creciente cuestionamiento sobre la uniformidad en la aplicación de la ley.