El Gobierno impulsa reformas legales para regular la manipulación parental y la violencia vicaria
El Ejecutivo central avanza en la tramitación de dos iniciativas legislativas que buscan redefinir el marco de protección de los menores en procesos de separación y custodia: el anteproyecto de reforma de la Ley de Infancia y la Ley de Violencia Vicaria. Estas normas proponen la prohibición del uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en sede judicial y la tipificación de la manipulación de hijos como una forma de violencia de género, lo que ha generado un debate técnico y jurídico sobre la igualdad procesal entre progenitores.
La reforma de la Ley de Infancia pretende eliminar el recurso al SAP en los informes periciales, argumentando que se trata de un concepto «seudocientífico» carente de aval médico. Por otro lado, la Ley de Violencia Vicaria, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, contempla la manipulación del menor por parte del padre o expareja como una modalidad de violencia vicaria, siempre que se realice con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a la madre en el contexto de la violencia de género.
Diferentes sectores de la sociedad civil y expertos en derecho han manifestado sus reservas ante la coexistencia de ambos textos. Críticos de la reforma sostienen que la combinación de estas leyes podría generar una asimetría legal. Juanma Melgar, portavoz de la Fundación Para la Defensa de los Hombres Maltratados, advierte que la normativa podría dificultar la acreditación de casos en los que el menor sea influenciado por la madre, al tiempo que se mantiene la validez de dicha alegación cuando el emisor sea el padre.
Desde el ámbito jurídico, especialistas como Abel de Céspedes Gamero, de la asociación Anavid, señalan que la limitación de pruebas sobre la manipulación de un testigo infantil podría vulnerar el derecho a la defensa y a un juicio justo, amparados por el artículo 24 de la Constitución Española. Según su perspectiva, la manipulación de un menor es una cuestión de hecho que los jueces deberían poder apreciar independientemente de la terminología utilizada, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos bajo conceptos como el «coaching» o la impugnación de credibilidad.
Asimismo, organizaciones como la Asociación de familiares de niños víctimas de sustracción internacional y desvinculación parental (Nisde) han alertado sobre las posibles repercusiones en las solicitudes de custodia compartida. La entidad advierte que la restricción de estas alegaciones podría ser utilizada de forma instrumental para bloquear regímenes de estancia conjunta o para ralentizar procesos de recuperación de menores en casos de sustracción internacional parental.
Los datos oficiales del Centro Nacional de Desaparecidos reflejan que, desde 2010, se han registrado 5.598 desapariciones por sustracción parental en España. Este contexto estadístico refuerza la preocupación de los colectivos que solicitan que la nueva legislación garantice la protección del menor frente a cualquier tipo de instrumentalización, sin importar el género del progenitor que la ejerza, asegurando siempre el interés superior del niño en los tribunales.


