martes, noviembre 17, 2026
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Díaz avisa a la patronal: la subida del SMI no se puede derogar

Díaz defiende la vigencia de la subida del SMI y rechaza su derogación tras el periodo electoral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado este miércoles que la subida del 5,3 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, cuenta con un marco normativo que impide su derogación. Estas declaraciones se producen tras las propuestas del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien sugirió la anulación de las medidas adoptadas durante el actual periodo de campaña electoral.

En el marco de su intervención institucional, la ministra ha apelado a la «responsabilidad» y a la «seriedad» de los agentes sociales para garantizar la estabilidad del país. Según Díaz, la implementación de este incremento salarial es un compromiso firme que no puede verse alterado por el ciclo electoral, instando a mantener la calma en las relaciones laborales y en el debate público sobre los derechos de las personas trabajadoras.

La titular de Trabajo ha argumentado que el aumento del salario mínimo actúa como un motor de la economía de proximidad. En su análisis, el incremento del poder adquisitivo de las familias permite un fortalecimiento del consumo en los comercios locales y servicios de barrio, un fenómeno que, según la vicepresidenta, beneficia al tejido productivo nacional de manera directa y es ampliamente reconocido por los sectores económicos.

El posicionamiento del Ministerio responde a las críticas vertidas por la patronal, que ha cuestionado la oportunidad de aprobar medidas de calado social en la proximidad de los comicios. No obstante, desde el Ejecutivo se defiende que la subida del SMI es una herramienta de cohesión social necesaria para paliar los efectos de la inflación y asegurar la sostenibilidad del consumo interno.

Finalmente, la vicepresidenta segunda ha reiterado que el diálogo social debe basarse en el respeto a las instituciones y a los acuerdos alcanzados. Con la validación de esta subida en el Consejo de Ministros, el Gobierno considera consolidado el nuevo umbral salarial, cerrando el debate sobre posibles reversiones normativas una vez se constituya el nuevo arco parlamentario tras las elecciones.

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