La Audiencia Nacional cifra en 812 millones de euros el valor del histórico alijo de cocaína interceptado en Canarias

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha valorado en 812 millones de euros el cargamento de 30,2 toneladas de cocaína incautado la pasada semana en aguas próximas a las Islas Canarias. La operación, que se consolida como una de las mayores intervenciones de sustancias estupefacientes en la historia judicial de España, se ha saldado con el decreto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para los 23 tripulantes del buque interceptado.

Según el auto judicial, el abordaje del buque —con bandera de las Islas Comoras— se produjo a última hora del pasado 1 de mayo en una operación coordinada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes localizaron en la zona de popa una galería oculta tras una puerta metálica que albergaba un total de 1.279 fardos de cocaína. El barco había iniciado su travesía en Sierra Leona y tenía como destino final Libia, tras cruzar aguas del Sáhara Occidental.

Detalles del operativo y hallazgo de armamento

El magistrado detalla que, durante el registro inicial, los efectivos policiales localizaron a 17 tripulantes en primera instancia. No obstante, tras una inspección más exhaustiva en la zona de proa, se descubrió a otros seis hombres que se encontraban ocultos y armados con fusiles. En el transcurso de la intervención, la Guardia Civil se incautó de tres fusiles con sus respectivos cargadores, una pistola con tres cargadores y diez cajas de munición sin abrir.

Los 23 detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia de armas y posesión de sustancias inflamables. El magistrado Moreno ha justificado la medida cautelar de prisión preventiva atendiendo a la extrema gravedad de las penas que podrían derivarse de estos cargos y al evidente riesgo de fuga de los encausados.

Contexto jurídico y medidas cautelares

La investigación se inició tras una querella presentada por la Fiscalía Antidroga, lo que permitió el seguimiento y posterior interceptación de la nave, que fue conducida al puerto de Las Palmas de Gran Canaria para su pesaje oficial y custodia del material intervenido. El juez ha valorado también el riesgo de reiteración delictiva y la necesidad de proteger la investigación, dado que aún restan diligencias por practicar para esclarecer la estructura completa de la organización responsable del transporte.

Este procedimiento judicial subraya la relevancia de la cooperación internacional y el papel de las unidades de élite de la Guardia Civil en la vigilancia de las rutas atlánticas de narcotráfico, en un contexto donde el volumen de la sustancia intervenida marca un precedente significativo en la lucha contra el crimen organizado en territorio español.