El Tribunal de Comercio de EE. UU. declara inválidos los aranceles del 10% impuestos por la Administración Trump
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha dictaminado la invalidez de los aranceles del 10% que el Gobierno de Donald Trump introdujo de forma temporal el pasado mes de febrero. En una decisión dividida de dos votos contra uno, el panel judicial determinó que la imposición de estos gravámenes carece de la autorización legal necesaria, al considerar que el Ejecutivo excedió las facultades otorgadas por la normativa vigente.
La sentencia, aunque supone un revés para la política arancelaria de la Casa Blanca, no conlleva de forma inmediata la retirada generalizada del recargo ni un reembolso masivo de los fondos recaudados. El fallo se aplica directamente solo a los tres demandantes del caso: el estado de Washington y las empresas Burlap & Barrel y Basic Fun!. No obstante, la resolución deja abierta la posibilidad de que otros importadores afectados soliciten medidas cautelares de mayor alcance.
El argumento central del tribunal se basa en la interpretación de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Dicha cláusula otorga al presidente la potestad de imponer restricciones a las importaciones para corregir problemas de la balanza de pagos. Sin embargo, la Corte señaló que la Administración fundamentó los nuevos aranceles en déficits de la cuenta corriente y en un análisis de déficit comercial, conceptos que el tribunal distingue de los indicadores técnicos de balanza de pagos previstos en la ley.
En el texto de la sentencia, los magistrados advirtieron que la propia declaración del Gobierno reconoció implícitamente que los aranceles no se basaban en los parámetros discutidos en el momento de la promulgación de la ley en 1974. «La cuenta corriente y la balanza de pagos son conceptos distintos, y la ley reconoce esta distinción», reza el fallo, subrayando que el uso de la Sección 122 para este fin específico resultó inválido.
La resolución contó con el voto particular de un juez del panel, quien consideró que era prematuro decidir sobre la validez o invalidez de la medida en este punto del proceso. Esta discrepancia técnica subraya la complejidad legal del caso, que ahora se enfrenta a una posible fase de apelaciones.
El Gobierno de Estados Unidos dispone ahora de la opción de recurrir el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. En caso de que la disputa persista, el litigio podría escalar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tendría la última palabra sobre la legalidad de los gravámenes impuestos bajo la citada ley de 1974.
