Igualdad propone a la UTE de Vodafone y Securitas para la gestión de las pulseras de control telemático
El Ministerio de Igualdad ha propuesto la adjudicación del contrato para el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género y violencia sexual a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad. La oferta seleccionada se ha impuesto a la candidatura presentada por la alianza entre Orange y Securitas Direct tras obtener una mayor puntuación tanto en los criterios técnicos como en la propuesta económica.
Según los informes de valoración consultados por este medio, la propuesta de la UTE Vodafone-Securitas alcanzó una calificación de 41,3 puntos sobre un máximo de 46 en los criterios sujetos a juicio de valor, donde se evaluaban aspectos como el plan de transición y el servicio de telecomunicaciones. Por su parte, la propuesta de Orange y Securitas Direct obtuvo 26,7 puntos en este mismo apartado.
En el plano económico, la oferta de Vodafone presenta un presupuesto de 67,5 millones de euros (IVA incluido), lo que supone una cifra inferior a los 70,3 millones de euros presupuestados por su competidor. Esta diferencia en los costes, sumada a la ventaja en la valoración técnica, ha decantado la propuesta de resolución a favor de la empresa que ya venía prestando el servicio hasta la fecha.
El contrato tiene como objeto principal garantizar el funcionamiento de los dispositivos de localización —conocidos comúnmente como pulseras antimaltrato— que aseguran el cumplimiento de las penas y medidas cautelares de prohibición de aproximación. El sistema es una pieza clave en la infraestructura de seguridad del Estado para la protección de víctimas de violencia de género.
La propuesta de adjudicación se produce tras un periodo de revisión técnica condicionado por los incidentes registrados el pasado año. Cabe recordar que el departamento dirigido por Ana Redondo ejecutó el pasado mes de marzo una sanción de 25.285 euros contra Vodafone debido a un fallo en el sistema de monitorización detectado en noviembre de 2025. Dicha penalización económica se hizo efectiva mediante la deducción de las cantidades correspondientes en el contrato vigente tras la instrucción de un expediente sancionador.
La continuidad de este servicio se enmarca en un contexto de refuerzo de las políticas de protección frente a la violencia contra la mujer, en un año en el que las estadísticas oficiales reflejan un repunte en los casos con denuncias previas, lo que ha incrementado la exigencia institucional sobre la fiabilidad tecnológica de los dispositivos de seguimiento.
