La patronal de centros de datos impugna el Real Decreto del Gobierno y solicita su suspensión cautelar
La Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) ha anunciado la interposición de un recurso ante los tribunales contra el Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. La organización empresarial solicitará de manera inmediata la suspensión cautelar de la norma, al considerar que las nuevas exigencias técnicas impuestas por el Ejecutivo bloquean de forma efectiva el desarrollo y la operatividad de estas infraestructuras digitales en territorio nacional.
La regulación impugnada establece criterios de adicionalidad energética, correlación horaria y la obligatoriedad de aceptar desconexiones programadas en el suministro eléctrico como condiciones indispensables para el funcionamiento de estas instalaciones. Según la patronal, estas medidas plantean una disyuntiva inviable para el sector: vincular su actividad a una generación renovable con seguimiento horario estricto o someterse a interrupciones en el abastecimiento, lo cual resulta incompatible con servicios que requieren un flujo eléctrico ininterrumpido las veinticuatro horas del día.
Desde el punto de vista económico, SpainDC advierte de que la entrada en vigor de este marco normativo pone en riesgo inversiones estimadas en 66.900 millones de euros hasta el año 2030. El presidente de la asociación, Emilio Díaz, ha manifestado que la normativa equivale a una prohibición de facto para nuevos proyectos, lo que podría derivar en un traslado de capitales hacia otros mercados europeos con marcos regulatorios más estables, incrementando la dependencia tecnológica de España respecto a terceros países en materia de inteligencia artificial y economía digital.
La dirección de la asociación ha criticado asimismo las formas y el momento elegidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen. Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, ha denunciado que el texto se ha tramitado por la vía de urgencia, a escasos nueve días de la celebración de elecciones generales y sin mantener encuentros previos con los representantes de la industria para consensuar las medidas técnicas.
La controversia técnica se extiende también a las cifras que fundamentan la intervención gubernamental. Mientras el Ejecutivo justifica la regulación basándose en el impacto que estos centros tienen en la red eléctrica —citando ejemplos como el de Irlanda, donde consumen el 23% del total—, la patronal subraya que en España el peso del sector se sitúa únicamente en el 0,8%. Además, la organización ha exigido transparencia sobre la metodología que atribuye al despliegue de estos centros un sobrecoste de 5.000 millones de euros para el sistema eléctrico.
El sector defiende que la falta de capacidad en la red es consecuencia de una carencia acumulada de inversión en las infraestructuras de transporte y distribución, y no de la demanda de los centros de datos. En este sentido, la estrategia jurídica de SpainDC no se limitará al ámbito contencioso-administrativo, sino que mantendrá la actividad institucional para intentar lograr la derogación de la norma o una modificación del articulado que se ajuste a la realidad operativa del almacenamiento y procesamiento de datos.


