Manos Limpias denuncia al ministro Marlaska por presunto homicidio imprudente tras la muerte de guardias civiles

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia ante los juzgados contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que podría haber incurrido en un presunto delito de homicidio imprudente. La organización fundamenta su acusación en la supuesta falta de provisión de medios materiales y personales necesarios para la Guardia Civil en sus operativos contra el narcotráfico, lo que habría derivado en el fallecimiento de varios agentes en el litoral andaluz.

El escrito jurídico vincula directamente la gestión del Ministerio del Interior con los sucesos ocurridos en Barbate (Cádiz) a principios de 2024 y el reciente fallecimiento de otros dos agentes durante una persecución en la costa. Según la denuncia, la omisión en el deber de cuidado y la falta de respuesta ante las advertencias previas de las asociaciones profesionales constituyen una «imprudencia criminal», alegando que el responsable de la cartera conocía el riesgo y, presuntamente, no tomó las medidas correctoras oportunas.

Para Manos Limpias, existe una relación de causalidad entre la precariedad de los recursos asignados al instituto armado y el desenlace de estas intervenciones de alto riesgo. El sindicato sostiene que la desigualdad de condiciones entre las embarcaciones oficiales y las narcolanchas utilizadas por las organizaciones criminales es una prueba de la desprotección a la que se enfrentan los efectivos en el Estrecho y zonas adyacentes.

La denuncia solicita que se tome declaración judicial al ministro Grande-Marlaska, así como a los responsables de las principales asociaciones de la Guardia Civil que notificaron con anterioridad la escasez de medios. Asimismo, la parte denunciante ha pedido la práctica de una prueba documental consistente en el análisis comparativo de imágenes de las lanchas utilizadas por los agentes fallecidos frente a las potentes embarcaciones empleadas por los narcotraficantes en ambos sucesos.

Esta acción legal se suma a las diligencias ya abiertas por dos juzgados de Huelva para esclarecer las circunstancias de la muerte de los dos últimos guardias civiles. El debate sobre la seguridad de los agentes y la dotación presupuestaria para la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el sur de España se mantiene como uno de los focos de tensión institucional en materia de seguridad interior.