El Gobierno desestima la clasificación de la Guardia Civil como profesión de riesgo por su naturaleza militar
El Ejecutivo ha reafirmado su postura de no reconocer la labor de los agentes de la Guardia Civil bajo el estatus de profesión de riesgo, argumentando la naturaleza militar del Instituto Armado. Esta decisión técnica impide que los efectivos se acojan a los coeficientes reductores de la edad de jubilación que ya se aplican a otros colectivos como la Policía Nacional, los cuerpos autonómicos, mineros o pilotos, permitiéndoles el retiro anticipado sin penalizaciones en la cuantía de su pensión.
La argumentación oficial sostiene que, al tratarse de un cuerpo militarizado, la Guardia Civil queda fuera del marco de cobertura previsto para las profesiones de riesgo en el ámbito civil. No obstante, diversas asociaciones profesionales y expertos del sector señalan una contradicción en esta premisa, puesto que dicha condición militar no se traduce de manera efectiva en el acceso a recursos técnicos y armamento propios de las Fuerzas Armadas para afrontar la creciente violencia en zonas de conflicto como el Estrecho de Gibraltar.
En el ámbito operativo, la negativa del Ministerio del Interior coincide con un repunte de la peligrosidad en las misiones de vigilancia costera. Informes internos del propio ministerio reconocen que la delincuencia organizada emplea actualmente armamento de guerra, como fusiles AK-47, lo que genera un desajuste entre la amenaza real y los medios de defensa disponibles para los agentes. Recientemente, el fallecimiento de dos integrantes del Servicio Marítimo en Huelva durante una persecución ha vuelto a situar en el centro del debate la necesidad de reforzar la protección jurídica y material del cuerpo.
Uno de los puntos de fricción técnica reside en el uso de tecnologías de vigilancia avanzada. El Ejército del Aire dispone actualmente de cuatro aeronaves no tripuladas MQ-9 Reaper (Predator B), operadas por el Ala 23 desde la Base Aérea de Talavera la Real. Estos drones, adquiridos para misiones de seguridad y vigilancia en el Estrecho y Canarias, han integrado recientemente el pod SOAR, que permite interceptar comunicaciones y localizar emisores de radio (capacidad SIGINT). Pese a que estas herramientas han resultado determinantes en otros países para desarticular rutas de narcotráfico, su uso en apoyo directo a la Guardia Civil en labores policiales ordinarias sigue siendo limitado.
La situación se ve agravada por el déficit de personal en las zonas críticas. Según estimaciones de las asociaciones del cuerpo, las comandancias de Cádiz y Algeciras requieren un refuerzo de aproximadamente 500 agentes, a los que se sumarían otros 300 necesarios en la provincia de Huelva. La disolución en 2022 de la unidad de élite OCON Sur, especializada en la lucha contra el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar, es citada frecuentemente por los agentes consultados como un factor que ha mermado la capacidad de respuesta operativa frente a las organizaciones criminales.
Finalmente, el reconocimiento como profesión de riesgo es una reivindicación que no solo afecta a la seguridad física, sino también a la equidad salarial y laboral respecto a otros cuerpos de seguridad del Estado y policías locales. Mientras el Gobierno mantiene el criterio de la naturaleza militar para denegar estos beneficios, los agentes enfrentan una creciente inseguridad jurídica al utilizar medios de fuerza, con el riesgo de ser encausados por lesiones o tentativa de homicidio en el ejercicio de sus funciones contra organizaciones fuertemente armadas.
