Más de un millón y medio de ciudadanos, representados a través de diversos colectivos sociales y profesionales, han formalizado la creación del denominado Frente Cívico por la Calidad Democrática. Esta plataforma nace con el objetivo primordial de denunciar y combatir lo que consideran un «bloqueo sistemático» de la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados, mediante la paralización de más de un centenar de proposiciones de ley en la Mesa de la Cámara.
El movimiento surge tras conocerse el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Popular. Dicha sentencia analiza las 70 prórrogas sucesivas en el plazo de enmiendas del Real Decreto Ley 36/2020, relativo a la modernización de la Administración Pública y la ejecución del Plan de Recuperación. Según el manifiesto fundacional del Frente, esta estrategia administrativa se ha convertido en un mecanismo recurrente para evitar el debate y la votación de iniciativas que cuentan con respaldo parlamentario pero resultan «incómodas» para la mayoría que conforma la Mesa.
La alianza está integrada por organizaciones con demandas heterogéneas pero unificadas por la parálisis normativa. Entre los firmantes destacan la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE), funcionarios de prisiones, colectivos afectados por la Ley de Costas, profesionales de la imagen personal y representantes del sector náutico. Estos grupos denuncian que la falta de mayoría parlamentaria estable del Gobierno se ha traducido en un uso extensivo de las facultades de la Mesa para congelar leyes, incluso aquellas que han superado su trámite en el Senado.
En el ámbito jurídico, la Asociación de Víctimas de la Talidomida ha elevado la presión institucional al presentar una denuncia por presunta prevaricación ante el Tribunal Supremo. La acción se dirige específicamente contra los miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes al PSOE y Sumar, incluida la presidenta Francina Armengol, por su responsabilidad en el retraso de leyes como la que prevé la exención de IRPF para las ayudas a los afectados por este fármaco.
El manifiesto del Frente Cívico sostiene que la situación actual representa un «secuestro de la soberanía nacional» en las dependencias administrativas de la Cámara Baja. El documento subraya que no se trata de meros retrasos en la gestión, sino de una vulneración de los derechos de los ciudadanos cuyos intereses dependen de legislaciones que permanecen bloqueadas sin fecha de resolución. «La democracia se debilita cuando las mayorías dejan de decidir y el voto queda atrapado en un cajón», advierte el texto.
Como medida de solución, la plataforma exige una reforma inmediata del Reglamento del Congreso de los Diputados. La propuesta busca limitar la capacidad de la Mesa para prorrogar indefinidamente los plazos de enmiendas, garantizando que ninguna mayoría política pueda utilizar el procedimiento parlamentario para silenciar iniciativas legislativas. El colectivo ha anunciado el inicio de una agenda coordinada de acciones institucionales y sociales para revertir la actual parálisis de las cámaras.
Esta movilización cívica se produce en un contexto de alta tensión parlamentaria, marcado por las declaraciones del Ejecutivo sobre la posibilidad de gobernar al margen del poder legislativo si fuera necesario. El Frente Cívico por la Calidad Democrática se posiciona así como un observador activo de la calidad institucional, apelando a la separación de poderes y al respeto a los procedimientos democráticos como pilares fundamentales del Estado de derecho.
