El magistrado Arturo Zamarriego, titular del juzgado encargado de instruir la querella por presuntas calumnias presentada por el exdirigente político Íñigo Errejón, ha emitido un apercibimiento formal contra la actriz Elisa Mouliaá. La providencia judicial advierte que, de no comparecer el próximo 15 de junio en los juzgados de Plaza de Castilla, el tribunal podrá ordenar su detención y traslado mediante la fuerza pública, además de abrir diligencias por un posible delito de desobediencia a la autoridad.
Este procedimiento paralelo tiene su origen en las declaraciones públicas de Mouliaá, en las que acusó al exportavoz de Sumar de haber pactado testimonios en la causa principal por agresión sexual abierta contra él desde 2024. Errejón, que defiende su inocencia y sostiene que tales afirmaciones han dañado gravemente su reputación, optó por la vía judicial para denunciar calumnias, lo que ha generado un choque de estrategias legales entre ambas partes.
La actriz ha manifestado públicamente su intención de no declarar hasta que el proceso principal por delitos sexuales se reactive y resuelva. Según su defensa, la querella por calumnias es una maniobra para desacreditar su testimonio y forzar el archivo del caso original. Mouliaá ha calificado la situación de «injusticia», señalando una supuesta desigualdad en el trato judicial recibido en comparación con otras figuras públicas y denunciando lo que considera una campaña de presión institucional contra su persona.
A pesar de que Mouliaá ha alegado un fuerte desgaste psicológico y encontrarse en situación de baja laboral por trauma desde principios de mes, el informe del médico forense solicitado por el juez ha concluido que la denunciante se encuentra capacitada para comparecer en sede judicial. Este dictamen técnico desmonta el argumento principal de la actriz para justificar sus ausencias previas, reforzando la posición del magistrado para exigir su presencia obligatoria en la próxima cita.
El conflicto se ha extendido también al ámbito policial y de la privacidad. Mouliaá ha denunciado recientemente una intervención policial en su negocio privado, que ha calificado de «desproporcionada» y constitutiva de «violencia institucional». Asimismo, la actriz ha abierto un nuevo frente legal contra Errejón por una presunta revelación de secretos, acusándole de filtrar conversaciones privadas de forma fragmentada para manipular la opinión pública y sugerir que ella coaccionó a otros testigos del caso.
La resolución de esta fase de instrucción el próximo 15 de junio marcará un punto de inflexión en uno de los casos mediáticos y políticos más complejos de los últimos años en España. Mientras la causa por agresión sexual permanece a la espera de nuevos movimientos procesales, la querella por calumnias avanza entre acusaciones de instrumentalización de la justicia y un notable impacto emocional en las partes implicadas.
