El Gobierno rechaza el requerimiento del Senado y abre la vía a un nuevo conflicto ante el Constitucional
El Consejo de Ministros ha formalizado este martes su rechazo al requerimiento presentado por el Senado para revocar el veto presupuestario impuesto a diversas enmiendas de la ley de multirreincidencia. Esta decisión agota la vía administrativa previa y habilita a la Cámara Alta para elevar un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, profundizando en la actual discrepancia competencial entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria del Senado.
La respuesta negativa del Ejecutivo se ha producido justo antes de que expirara el plazo de un mes estipulado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para responder a este tipo de requerimientos. El conflicto tiene su origen en la votación del pasado 22 de abril, cuando el Pleno del Senado aprobó la iniciativa con 147 votos a favor (PP, Vox y UPN) frente a 92 votos en contra y 21 abstenciones, exigiendo al Gobierno la retirada de su veto sobre enmiendas que alteraban el contenido de la norma penal.
La controversia jurídica gira en torno a la capacidad del Gobierno para vetar enmiendas por razones presupuestarias una vez que estas ya han sido tramitadas. En este caso, la Mesa del Congreso de los Diputados aceptó el veto del Ejecutivo sobre enmiendas que habían sido introducidas previamente por el Pleno del Senado. La Cámara Alta sostiene que dicha actuación vulnera sus facultades legislativas, mientras que el Gobierno defiende su potestad constitucional para oponerse a cualquier iniciativa que suponga un incremento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios.
De confirmarse la presentación de este nuevo recurso, la presente legislatura registraría un récord histórico de litigiosidad institucional. El Tribunal de Garantías podría acumular hasta catorce conflictos de atribuciones procedentes del Senado, elevando el total a quince si se incluye el propuesto por el Ejecutivo. Esta cifra contrasta significativamente con el balance histórico: entre 1979 y 2023, el tribunal solo tuvo que dirimir cinco conflictos de esta naturaleza.
El escenario planteado con la ley de multirreincidencia no es un caso aislado. El Senado mantiene abiertos procesos similares respecto a otros tres proyectos de ley: movilidad sostenible, navegación aérea y desperdicio alimentario. En todos ellos, el procedimiento ha seguido un patrón idéntico: la retirada de enmiendas con impacto presupuestario por parte de la Mesa del Congreso tras ser incorporadas en la Cámara Alta, alegando que el control de viabilidad económica debería haberse producido de forma previa.
La resolución de estas controversias por parte del Tribunal Constitucional sentará un precedente determinante sobre el equilibrio de poderes entre las Cámaras y el Gobierno en el ejercicio de la potestad legislativa y el control presupuestario del Estado.
