Los grupos parlamentarios analizan la imputación de Zapatero ante la Audiencia Nacional
Los portavoces de las principales formaciones políticas en el Congreso de los Diputados han manifestado este miércoles sus valoraciones ante la reciente imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión judicial, emitida por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sitúa al exjefe del Ejecutivo en el centro de una presunta trama vinculada al caso Plus Ultra, bajo acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Desde las filas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su portavoz Gabriel Rufián ha calificado el auto de imputación como un documento «muy bien escrito». En una línea similar de preocupación, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado a su llegada al pleno que la situación procesal del expresidente «no pinta bien», marcando una distancia respecto a la gestión del antiguo líder socialista en relación con los hechos investigados.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero, instando a la justicia a que investigue «hasta el final» para que todas las pruebas se pongan «encima de la mesa». López ha subrayado su compromiso de defensa hacia el expresidente mientras no se demuestre lo contrario, apelando al rigor procesal antes de emitir juicios políticos definitivos.
En el seno del grupo Sumar, las opiniones han mostrado matices técnicos y éticos. Águeda Micó, diputada de Compromís, ha pedido prudencia y ha expresado su deseo de que el investigado pueda ejercer su derecho a la defensa. No obstante, Micó ha descartado, tras la lectura del auto, que se trate de un caso de «lawfare» o instrumentalización judicial, afirmando que si existe corrupción debe caer «todo el peso de la ley». Enrique Santiago (IU) ha evitado pronunciarse sobre la naturaleza política del proceso y ha centrado el debate en la necesidad de «regular bien todas las actividades de los expresidentes», advirtiendo que el cobro por gestiones políticas constituye un ilícito penal.
La posición del PNV, expresada por su portavoz Maribel Vaquero, ha coincidido en el llamamiento a la cautela. La representante nacionalista ha reiterado la importancia de observar «cómo se desarrollan los hechos» antes de fijar una postura política de mayor calado. Esta actitud de espera predomina en varios sectores de la Cámara ante un hecho inédito en la etapa democrática: la imputación de un expresidente del Gobierno por delitos de tal gravedad.
El auto judicial sostiene que Zapatero habría ocupado el «vértice» de una estructura organizada con el fin de influir presuntamente de forma ilícita ante autoridades nacionales y extranjeras. Según la investigación, el objetivo de dicha red habría sido la obtención de resoluciones administrativas favorables y ventajas económicas para terceros, hechos que ahora deberán ser sustanciados en la instrucción de la Audiencia Nacional.
