Sumar insta a regular la actividad de los expresidentes tras la imputación de Zapatero
El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha defendido este miércoles la necesidad de establecer una regulación estricta sobre las actividades profesionales y políticas que desarrollan los expresidentes del Gobierno tras abandonar su cargo. Esta reacción se produce tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de investigar al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias.
Santiago ha subrayado en los pasillos de la Cámara Baja que la prioridad legislativa debe centrarse en clarificar el marco de actuación de los antiguos jefes del Ejecutivo. «Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima», ha manifestado el diputado de Izquierda Unida, quien ha enfatizado que la percepción de remuneraciones por realizar gestiones de carácter político constituye una infracción penal.
El posicionamiento de este miércoles marca un cambio de matiz en el discurso de la formación respecto a las declaraciones emitidas la jornada anterior. Si bien inicialmente diversos portavoces de Sumar vincularon la situación judicial de Rodríguez Zapatero con supuestas prácticas de judicialización de la política o «lawfare», el portavoz de Justicia ha optado por centrar su discurso en la ética pública y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de influencias.
El auto del magistrado Calama ha generado un intenso debate parlamentario sobre los límites de la mediación internacional y las actividades privadas de los exmandatarios. Enrique Santiago ha sido tajante al recordar que cobrar por este tipo de servicios está tipificado: «Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente», ha advertido el parlamentario ante los medios de comunicación.
A las críticas se han sumado otros sectores del bloque de investidura, como el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, quien ha calificado la situación de extrema gravedad si se llegaran a confirmar las sospechas de cobros irregulares. La investigación judicial continuará en las próximas semanas para determinar el alcance de las gestiones realizadas por el expresidente socialista y si estas vulneraron el ordenamiento jurídico.
