Estados Unidos imputa a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado una imputación por homicidio contra Raúl Castro, exministro de Defensa de Cuba, en relación con el derribo de dos aeronaves de la organización civil Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. La medida, confirmada por altos funcionarios de la Administración estadounidense, representa un incremento en la presión diplomática y judicial de Washington hacia el Gobierno de la isla.

La acusación se basa en la responsabilidad jerárquica de Castro, quien a sus 94 años es señalado por las autoridades federales como el mando superior responsable de la operación militar que empleó misiles guiados para destruir las aeronaves civiles. El anuncio coincide con los actos conmemorativos organizados en la Torre de la Libertad de Miami en honor a las víctimas del incidente.

Los hechos que motivan la imputación se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando cazas del ejército cubano interceptaron y derribaron dos avionetas de la organización humanitaria conformada por exiliados cubanoestadounidenses. En el ataque fallecieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal. Una tercera aeronave, pilotada por el fundador del grupo, José Basulto, consiguió escapar del área del incidente.

La Habana sostuvo en su momento que las naves habían violado el espacio aéreo soberano de Cuba y realizaban actividades hostiles contra el régimen de Fidel Castro. No obstante, la versión de Washington, respaldada por organismos internacionales, señaló que los aviones estaban desarmados, realizaban labores de búsqueda y rescate de balseros en aguas internacionales y no representaban una amenaza militar.

El derribo de 1996 provocó una crisis diplomática de gran calado que culminó con la promulgación de la Ley Helms-Burton por parte del entonces presidente Bill Clinton. Dicha legislación endureció el embargo económico contra Cuba y restringió la capacidad del Ejecutivo estadounidense para levantar sanciones de manera unilateral, estableciendo las bases legales de la política actual hacia la isla.

Esta nueva acción judicial se enmarca en un contexto de tensiones crecientes. La actual Administración estadounidense mantiene una campaña de exigencias de reformas políticas y económicas al gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel. Paralelamente, la isla atraviesa una compleja situación económica, agravada por un bloqueo energético impuesto desde enero que ha impactado la infraestructura de servicios y el abastecimiento del país.

Hasta el momento, las autoridades cubanas han rechazado estas medidas de presión y han insistido en foros previos con representantes de la Casa Blanca en la necesidad de eliminar las sanciones para estabilizar la situación en el Caribe. Por su parte, la justicia estadounidense mantiene firme la calificación del ataque de 1996 como un acto premeditado contra civiles desarmados.