Gobierno y comunidades acuerdan el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una inversión de 7.000 millones de euros
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y las comunidades autónomas han alcanzado este jueves un acuerdo para la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El programa contempla la movilización de hasta 7.000 millones de euros destinados a la ampliación del parque público residencial y al fortalecimiento de las políticas de acceso a la vivienda en todo el territorio nacional durante el próximo cuatrienio.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presidido la Conferencia Sectorial donde se ha ratificado el documento, destacando la voluntad de consenso entre administraciones de diferentes formaciones políticas. Según las líneas generales del plan, la financiación se estructurará mediante una aportación estatal del 60%, mientras que las comunidades autónomas deberán asumir el 40% restante. La inversión prevista supone triplicar los recursos destinados en el anterior programa de vivienda.
Entre los ejes estratégicos del acuerdo figura el destino obligatorio de al menos el 40% de los fondos a la ampliación del parque público. Asimismo, el plan introduce el blindaje permanente de las viviendas protegidas que hayan sido financiadas con recursos públicos, evitando que estas puedan ser transferidas al mercado libre tras un periodo determinado. El objetivo de esta medida es consolidar una red de alquiler asequible que no disminuya con el paso del tiempo.
En el plano de las ayudas directas, el texto aprobado incluye subvenciones al alquiler para jóvenes de hasta 300 euros mensuales y programas específicos para la rehabilitación de inmuebles desocupados con el fin de incorporarlos al mercado del alquiler. También se han integrado partidas para la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y el fomento de soluciones habitacionales en municipios rurales o en situación de riesgo demográfico.
A pesar del respaldo mayoritario en la votación, la jornada ha estado marcada por las discrepancias manifestadas por la Comunidad de Madrid. El ejecutivo regional madrileño ha votado a favor del reparto de fondos apelando a la responsabilidad institucional, pero ha anunciado que estudia recurrir el plan ante el Tribunal Supremo. Madrid denuncia una posible invasión de competencias autonómicas y critica el condicionamiento de la financiación a la aplicación de la normativa estatal sobre zonas tensionadas.
Desde el Ministerio de Vivienda se ha insistido en que el plan es el resultado de más de una treintena de reuniones con agentes sociales, ayuntamientos y representantes del sector. La ministra Rodríguez ha calificado el acuerdo como un mensaje político de unidad frente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, subrayando que las respuestas eficaces en materia residencial requieren de la colaboración permanente entre todos los niveles de la Administración.
