La Audiencia de Madrid juzga a la alcaldesa de Velilla de San Antonio por presunta prevaricación urbanística

La Audiencia Provincial de Madrid inicia este miércoles la vista oral contra la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, y otros tres responsables municipales acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. La Fiscalía sostiene que los procesados omitieron de forma deliberada sus obligaciones de control y disciplina frente a las molestias derivadas de la actividad de un complejo hostelero de la localidad.

Junto a la regidora, el Ministerio Público dirige su acusación contra el técnico de Urbanismo, F. R. F., el concejal de Medio Ambiente, E. I. A. S., y el responsable del área de Urbanismo, J. P. R. Según el escrito de acusación, los hechos se habrían prolongado desde el año 2019, periodo en el cual los responsables municipales habrían ignorado las reiteradas denuncias vecinales por ruidos y actividades no autorizadas en el restaurante «El Casón de la Quinta de San Antonio».

La investigación señala que, aunque el establecimiento disponía de licencia de restauración desde 2006, carecía de los permisos necesarios para celebrar eventos en sus zonas exteriores. A pesar de ello, el recinto habría albergado celebraciones con música de alta potencia, pirotecnia y concentraciones de personas hasta la madrugada, incumpliendo sistemáticamente los horarios de cierre previstos en la normativa de la Comunidad de Madrid.

El Ministerio Fiscal subraya que, a pesar de las numerosas intervenciones de la Policía Local y las quejas formales de los residentes, el Consistorio únicamente incoó cuatro expedientes sancionadores que resultaron finalmente paralizados y sin resolución definitiva. La acusación considera que esta inacción supuso una dejación de funciones en materia de inspección y de restablecimiento de la legalidad urbanística, afectando a la salud y el bienestar de los vecinos colindantes.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno de los cuatro acusados una pena de tres años de prisión, una multa de veinte meses con una cuota diaria de 15 euros y la inhabilitación especial para cargo público durante doce años en funciones relacionadas con el urbanismo y el medio ambiente. En concepto de responsabilidad civil, se reclama una indemnización conjunta y solidaria de 4.000 euros para los perjudicados por los daños morales y molestias sufridas.

La defensa de los cargos municipales, por su parte, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos durante el desarrollo de las sesiones, en un proceso que busca dirimir si existió una voluntad deliberada de permitir la actividad irregular o si se trató de una gestión administrativa dentro de los cauces ordinarios.