El Tribunal Supremo absuelve a la teniente coronel Ruth Obregón de los cargos por contrataciones en el Hospital Gómez Ulla
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha dictado la absolución de la teniente coronel Ruth Obregón, exjefa de la Jefatura de Recursos Humanos del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de los delitos contra el patrimonio y extralimitación en el ejercicio del mando. Con esta decisión, el Alto Tribunal anula la sentencia previa del Tribunal Militar Central que le había impuesto una pena de once meses de prisión y el pago de 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
El fallo concluye que no ha quedado acreditado que la recurrente cometiera irregularidades penales en relación con la contratación de la profesora de inglés de su hijo como celadora, ni en la de su hermana como experta en bioseguridad. La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la oficial, subrayando que no concurren los elementos necesarios para mantener la condena por simulación de necesidades de servicio o abuso de autoridad.
Respecto al cargo de delito contra el patrimonio, el tribunal argumenta que los nombramientos de personal estatutario eventual no eran competencia directa de la teniente coronel, sino del general director del hospital. La sentencia aclara que, aunque Obregón preparase la documentación, la decisión final y la firma correspondían a la dirección. Además, se destaca que las contrataciones contaban con autorización previa de gasto del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La Sala de lo Militar señala la existencia de un «generalizado desbarajuste» en el control de horarios y retribuciones complementarias dentro del centro hospitalario. Sin embargo, los magistrados puntualizan que no hay pruebas de que Obregón asignara directamente complementos de nocturnidad a trabajadores que no realizaban guardias, indicando que la capacidad de disposición de estos incentivos recaía legalmente en el gerente del hospital.
En lo referente a la contratación de su hermana como experta en bioseguridad en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, el Supremo descarta la extralimitación de facultades. El tribunal recuerda que el nombramiento se produjo en un contexto de urgencia por la crisis del virus del ébola y que la candidata reunía los requisitos exigidos para el puesto, por lo que no se aprecia «ningún abuso» en la actuación de la jefa de Personal al informar sobre su idoneidad al director.
Este proceso judicial se ha extendido durante varios años, marcado por retrasos derivados de la situación institucional de la justicia militar. La Fiscalía pedía inicialmente dos años y ocho meses de cárcel, basándose en informes que denunciaban que la profesora de inglés percibió salario sin acudir físicamente al centro sanitario entre 2014 y 2020. No obstante, el Supremo ha dado carpetazo definitivo a estas acusaciones al considerar que los hechos probados no encajan en los tipos penales militares imputados.
La absolución de la oficial pone fin a un caso que generó notable repercusión en la sanidad militar española, donde las condenas penales a oficiales médicos cuentan con escasos precedentes, siendo el más relevante el caso del accidente del Yak-42 en 2009.
