Sánchez descarta inquietud tras la imputación de Zapatero y mantiene el horizonte de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes su total tranquilidad ante la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional. A pesar de las advertencias de socios parlamentarios habituales, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que han cuestionado la viabilidad de la legislatura ante el escenario judicial actual, el jefe del Ejecutivo ha ratificado su intención de agotar el mandato hasta 2027.

En una breve declaración a los medios tras la presentación del Plan Social para el Clima en Madrid, Sánchez respondió con un rotundo «sí, por supuesto» al ser consultado sobre su estado de ánimo ante los últimos acontecimientos. Esta reacción busca proyectar una imagen de estabilidad frente al auto del juez José Luis Calama, que sitúa a Zapatero como presunto líder de una organización jerarquizada dedicada al tráfico de influencias.

Desde el seno del Gobierno y el PSOE, la respuesta institucional ha sido de escepticismo ante los fundamentos jurídicos de la imputación. Altos cargos del Ejecutivo han calificado el auto judicial de «endeble» y «cogido con alfileres», defendiendo que las actividades descritas por el magistrado son «completamente lícitas». El entorno del expresidente ha expresado su disposición a comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio para ofrecer las explicaciones necesarias.

La situación ha generado tensiones con el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, calificó este domingo de «irresponsable» la pretensión de Sánchez de prolongar la legislatura sin una mayoría estable y con una agenda «judicializada». Según Esteban, la gravedad de las acusaciones contra Zapatero y otros casos judiciales que afectan al entorno socialista perjudican la imagen política del país y dificultan la continuidad del actual Gobierno más allá de 2026.

Fuentes de Moncloa han respondido con cautela a estas críticas, asegurando que respetan la opinión de su socio parlamentario pero no la comparten. En la sede de la Presidencia se interpreta la dureza del PNV como una estrategia en clave interna ante la cercanía de las elecciones municipales en el País Vasco y su competencia directa con EH Bildu. El Ejecutivo descarta que estas declaraciones anticipen una ruptura de la mayoría parlamentaria o el apoyo a una eventual moción de censura.

El juez Calama sostiene en su escrito que el expresidente habría utilizado su acceso a altos cargos de la Administración para facilitar beneficios ilícitos a terceros. Frente a esto, el Ejecutivo insiste en la legalidad de los contactos institucionales del exlíder socialista y confía en que la declaración de la próxima semana aclare las dudas sembradas por la instrucción judicial, permitiendo al Gobierno retomar la iniciativa política y legislativa.