La UCO señala irregularidades en los procesos de contratación de la cátedra de Begoña Gómez en la UCM
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el que advierte que determinados contratos vinculados a la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se tramitaron presuntamente al margen de la normativa legal. Los investigadores señalan en sus conclusiones que estas actuaciones se realizaron de manera «premeditada», lo que ha provocado una reacción inmediata en el arco parlamentario.
El documento técnico de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la autoridad judicial, pone el foco en el desarrollo y registro de una herramienta tecnológica (software) financiada por la institución académica. Según el informe de la UCO, existen indicios de que dicho software fue registrado a nombre particular de la esposa del presidente del Gobierno, a pesar de haber sido sufragado con fondos de la Universidad Complutense, lo que podría dar lugar a un presunto delito de apropiación indebida.
Ante estos avances en la investigación, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha comparecido para valorar el alcance de los hechos. El dirigente popular ha afirmado que el informe de los investigadores «acorrala» a Begoña Gómez y ha asegurado que las evidencias técnicas «desmienten» las explicaciones ofrecidas hasta la fecha por el entorno de la Presidencia del Gobierno. A juicio de Tellado, la situación revela un Ejecutivo «quebrado» y en una posición de extrema debilidad institucional.
La instrucción, liderada por el magistrado Juan Carlos Peinado, contempla la posible comisión de delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y la citada apropiación indebida. El juez ha planteado recientemente la posibilidad de que la causa sea juzgada por un jurado popular, dada la naturaleza de los tipos penales que se investigan en relación con el manejo de fondos y recursos públicos en el ámbito universitario.
Desde el principal partido de la oposición se ha intensificado la crítica política, vinculando los hallazgos de la UCO con una supuesta falta de ética en la gestión de los asuntos públicos desde La Moncloa. Tellado ha enfatizado que la acreditación de «contrataciones amañadas» por parte de la fuerza actuante supone un punto de inflexión en la legislatura, en un contexto donde otros socios parlamentarios, como Coalición Canaria, han empezado a cuestionar la viabilidad del mandato actual.
Por su parte, el informe de la UCO continúa siendo analizado por las partes personadas en el procedimiento, mientras el magistrado instructor decide los próximos pasos procesales tras la ratificación de que los procedimientos de contratación en la cátedra de la UCM se apartaron de los cauces administrativos reglamentarios de forma deliberada.
