Gonzalo Boye asume la defensa de la política moldava Evghenia Gutul y denuncia un caso de «lawfare» internacional

El abogado Gonzalo Boye, responsable de la estrategia legal de Carles Puigdemont, ha asumido la representación de Evghenia Gutul, exgobernadora de la región moldava de Gagauzia. Gutul, elegida en 2023 por el partido prorruso Șor —actualmente ilegalizado—, ha sido condenada en primera instancia a siete años de prisión por presunta financiación electoral ilícita procedente de Rusia. La defensa califica el proceso como un caso paradigmático de persecución política y «colapso democrático» en un Estado que aspira a integrarse en la Unión Europea.

La defensa técnica sostiene que el procedimiento judicial contra Gutul incurre en irregularidades procedimentales graves que encajan en la definición estricta de «lawfare». Según Boye, la gobernadora fue enviada a prisión provisional el mismo día de la lectura de una sentencia que aún no es firme, sin audiencia previa ni resolución motivada de ingreso en la cárcel. Además, se denuncia que una de las magistradas del tribunal, Olga Cojocaru, no superó el proceso de «vetting» judicial por falta de integridad financiera, lo que invalidaría su idoneidad para juzgar.

Ante esta situación, el equipo legal ha elevado el caso a organismos internacionales. Hasta la fecha, se han presentado cuatro comunicaciones ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya tramita una primera demanda, mientras se prepara una segunda acción legal relativa a la composición del tribunal sentenciador. Boye subraya que el uso del término «lawfare» en este contexto responde a una realidad estructural y verificable, diferenciándolo de lo que considera una banalización del concepto en la política nacional española.

El conflicto jurídico también ha afectado al ejercicio de la abogacía en Moldavia. La defensa denuncia que el Consejo Superior de la Magistratura abrió un expediente disciplinario contra Sergiu Moraru, uno de los letrados de la defensa, por sus críticas públicas a la sentencia. Aunque el Colegio de Abogados local archivó la queja, el órgano judicial ha trasladado el asunto a los tribunales, un movimiento que los observadores internacionales interpretan como una presión indebida hacia los profesionales del derecho.

Desde el centro penitenciario, Gutul ha publicado el libro «El caso Gutul: Anatomía de la persecución política», donde recopila cartas que relatan su aislamiento y el conflicto entre la administración central de Chisináu y la región autónoma de Gagauzia. En sus escritos, la política acusa al Gobierno de Maia Sandu de violar los valores europeos para neutralizar a la oposición. La Comisión de Venecia, por su parte, emitió un dictamen el pasado marzo advirtiendo sobre las definiciones legales ambiguas y los riesgos para el derecho a la defensa que presenta el marco legal bajo el cual ha sido procesada.

Por el contrario, el Ejecutivo de Moldavia enmarca estas actuaciones judiciales dentro de una estrategia de defensa de la democracia frente a la injerencia híbrida de la Federación Rusa. Las autoridades gubernamentales defienden la legalidad de los procesos y sostienen que las medidas contra figuras de la oposición vinculadas a intereses extranjeros son necesarias para garantizar la estabilidad del país. No obstante, organismos como Amnistía Internacional han documentado restricciones a la libertad de expresión y de reunión que afectan principalmente a los sectores críticos con la actual administración.