Los gestores administrativos advierten del impacto estructural de la factura electrónica en el tejido empresarial
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha alertado sobre la entrada en una fase decisiva del nuevo sistema de facturación electrónica obligatoria para empresarios y profesionales. Tras la aprobación del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, y la tramitación del Proyecto de Orden que regula la solución pública de facturación, la organización profesional advierte de que este marco normativo transformará de manera estructural la supervisión de las transacciones comerciales en el ámbito B2B (business to business).
Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General, ha subrayado que el cambio trasciende la mera actualización tecnológica para convertirse en un rediseño profundo de la relación entre las empresas y la Administración Tributaria. Según la organización, este sistema no solo modifica la operativa documental entre agentes privados, sino que otorga a la Administración una capacidad superior de control y supervisión directa sobre la actividad económica en tiempo real.
Una de las principales preocupaciones trasladadas por los gestores administrativos radica en la vinculación técnica entre la factura electrónica y los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), que articulan el régimen VERIFACTU. Hasta la fecha, el criterio de la Agencia Tributaria eximía de estas obligaciones a quienes emitieran facturas de forma manual. Sin embargo, el nuevo marco establece que la emisión de una sola factura electrónica mediante un SIF obliga al contribuyente a integrarse en el sistema de control automatizado.
Esta circunstancia podría afectar de forma indirecta a miles de pequeños negocios acogidos a regímenes simplificados, módulos o recargo de equivalencia. Sectores como la hostelería, el pequeño comercio o los talleres mecánicos podrían verse obligados a cumplir con las exigencias de VERIFACTU por el simple hecho de documentar una operación ocasional con otro profesional, lo que los gestores califican como una potencial «trampa normativa» para el pequeño autónomo.
Ante la complejidad técnica del sistema y la coexistencia de plataformas públicas y privadas, el Consejo General ha denunciado la existencia de una creciente inseguridad jurídica. La organización señala que la incertidumbre sobre los criterios interpretativos y los plazos de adaptación genera una falsa sensación de lejanía en el tejido empresarial, cuando la realidad técnica exige una preparación inmediata para evitar dificultades operativas insalvables.
En este contexto, el colectivo de gestores administrativos ha solicitado formalmente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la aplicación de las excepciones contempladas en el artículo 4 del Real Decreto 238/2026. El objetivo es excluir de la obligatoriedad a determinados colectivos cuya incorporación al sistema digital suponga una carga administrativa y económica desproporcionada en relación con su volumen de actividad.
El calendario previsto sitúa la aprobación definitiva de la Orden Ministerial de desarrollo en octubre de 2026. A partir de esa fecha, comenzarán a computarse los plazos efectivos para la adaptación de las empresas, un proceso que los gestores administrativos consideran que debe abordarse con mayores garantías de seguridad jurídica y proporcionalidad para el pequeño negocio.
