Ocho comunidades autónomas perderán financiación estatal en dependencia en 2026 por incumplir objetivos de gestión
Un total de ocho comunidades autónomas verán reducida la financiación estatal destinada al sistema de atención a la dependencia en el ejercicio 2026. Esta disminución responde al incumplimiento de los objetivos fijados en el denominado «nivel acordado», un mecanismo de financiación vinculado a indicadores de gestión. Según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, basado en datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, las autonomías afectadas son Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y la Comunidad de Madrid.
El reparto de estos fondos, que todavía debe ser validado de forma definitiva por el Consejo Territorial, se fundamenta en la evaluación de tres áreas principales: la creación de empleo, la reducción de las listas de espera y la mejora en la calidad de los servicios. La asociación responsable del análisis vincula la pérdida de recursos a una gestión deficiente en estos ámbitos, aunque subraya que las cifras actuales corresponden a una propuesta sujeta a revisión por posibles errores en la información remitida por las propias comunidades o ajustes técnicos del Ministerio.
Cataluña es la autonomía que registra el mayor descenso en términos absolutos, con una pérdida prevista de 15,5 millones de euros en comparación con 2025. Le siguen la Comunidad Valenciana, con un recorte de 9,1 millones; Asturias, con 5 millones; Extremadura, con 4,9 millones; y La Rioja, con 4,7 millones menos. En una escala menor se sitúan Cantabria (1,8 millones), Aragón (639.000 euros) y la Comunidad de Madrid (365.000 euros). Por el contrario, Canarias será la región más beneficiada por este reparto, percibiendo 16,1 millones adicionales, seguida de Galicia y Andalucía, con incrementos de 10,3 y 8,6 millones respectivamente.
El informe pone de manifiesto que, pese al incremento del 8% en la aportación total del Estado al sistema de dependencia durante el último año —alcanzando los 3.758 millones de euros—, la carga financiera principal sigue recayendo sobre las administraciones autonómicas. En 2025, el gasto público total en dependencia ascendió a 13.734 millones de euros, de los cuales las comunidades autónomas financiaron el 72,6% (9.976 millones), mientras que la aportación estatal representó el 27,4% restante.
La disparidad territorial también se refleja en la inversión anual por cada persona dependiente atendida. Mientras que el País Vasco lidera el gasto con 14.384 euros por beneficiario, Aragón presenta la cifra más baja del país con 7.159 euros. Asimismo, el documento señala que Cataluña y Cantabria fueron las únicas regiones que redujeron su aportación propia al sistema durante el año 2025, con descensos de 90,4 millones y 1,7 millones de euros, respectivamente.
Finalmente, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado una falta de transparencia por parte del departamento que dirige Pablo Bustinduy. La entidad reclama el acceso a datos actualizados sobre las listas de espera y el número real de grandes dependientes atendidos, información que consideran crítica para evaluar con precisión la eficacia del sistema y garantizar la adecuada atención de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.
