Arranca el juicio contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por la contratación en la Diputación de Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz inicia este jueves, 28 de mayo, la vista oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El proceso judicial analizará la legalidad de la contratación de Sánchez en 2017 como coordinador de actividades musicales de los conservatorios dependientes de la Diputación de Badajoz, institución que en aquel momento presidía el también investigado Miguel Ángel Gallardo.
La primera sesión, cuyo inicio está fijado para las 10:00 horas, se centrará en las cuestiones previas. Según el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, esta fase técnica continuará el viernes 29 de mayo. Durante estas jornadas, las partes podrán presentar alegaciones sobre la competencia del tribunal, posibles vulneraciones de derechos fundamentales o la pertinencia de las pruebas admitidas, antes de entrar en el fondo del asunto la próxima semana.
El calendario judicial establece que el lunes 1 de junio comenzarán las declaraciones de los testigos en sesiones de mañana y tarde. Entre los citados figuran directores de los conservatorios de música, aspirantes que optaron a la plaza adjudicada a David Sánchez, miembros de los sindicatos y partidos que denunciaron los hechos, así como agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación. En total, se prevé la comparecencia de más de una treintena de testigos durante los primeros tres días de junio.
El momento clave del juicio está previsto para el jueves 4 de junio, cuando los once encausados presten declaración ante el juez Emilio Serrano. Además de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, comparecerán otros nueve responsables políticos y técnicos vinculados a la administración provincial en el momento de los hechos. La investigación trata de dirimir si la creación del puesto y la posterior adjudicación a Sánchez se ajustaron a la normativa de función pública o si, por el contrario, se trató de una contratación arbitraria.
En el plano jurídico, la causa cuenta con la participación de siete acusaciones populares, entre las que destacan el Partido Popular, Vox y organizaciones como Manos Limpias, que inició el procedimiento en mayo de 2024. Estas acusaciones solicitan para el hermano del jefe del Ejecutivo una pena de tres años de prisión y doce años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Por el contrario, la Fiscalía ha solicitado la libre absolución para todos los procesados al no apreciar indicios de conducta delictiva en el expediente de contratación.
Dada la relevancia pública del caso, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acreditado a decenas de medios de comunicación de ámbito nacional. El proceso se desarrollará bajo una estricta planificación horaria, aunque el tribunal ha advertido de que el cronograma inicial podría sufrir modificaciones en función del desarrollo de los interrogatorios y las posibles peticiones de las defensas y acusaciones.
