Arranca el juicio en Badajoz contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por presunta prevaricación
La Audiencia Provincial de Badajoz ha iniciado este jueves las sesiones del juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros investigados. Los procesados se enfrentan a acusaciones por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en una causa que investiga la gestión de fondos públicos y la adjudicación de estructuras dentro de la institución provincial.
Durante la primera jornada, dedicada a las cuestiones previas, la defensa de David Sánchez, ejercida por el letrado Emilio Cortés, ha solicitado la nulidad radical de las actuaciones. El argumento principal de la defensa sostiene que el procedimiento penal se ha basado en una «investigación prospectiva», una tesis que ha sido planteada de forma reiterada durante la fase de instrucción y que, hasta el momento, no ha contado con el respaldo de los órganos judiciales previos.
El desarrollo de la vista se ha visto interrumpido por una amonestación del magistrado presidente de la sala hacia el abogado defensor. El juez se ha visto obligado a intervenir para pedir orden y un tono de voz adecuado después de que el letrado Cortés calificara de «falacia» y «mentira» las informaciones periodísticas que originaron la denuncia inicial. El tribunal ha recordado la necesidad de mantener el respeto institucional y las normas de etiqueta durante el desarrollo de las sesiones.
Uno de los puntos centrales de la confrontación jurídica ha girado en torno a la vinculación comercial con la localidad portuguesa de Elvas. La defensa ha negado la existencia de un entramado societario vinculado al empresario Víctor de Aldama en dicho municipio, lugar donde David Sánchez mantiene su residencia y domicilio fiscal. El letrado ha sostenido que estas cuestiones ya fueron abordadas por el Tribunal Supremo en el marco del denominado «caso Koldo», solicitando que se evite una duplicidad en la valoración de los hechos.
No obstante, las acusaciones mantienen que los registros mercantiles de Portugal confirman la existencia legal de dichas sociedades y sus domicilios sociales. Frente a la petición de nulidad, la defensa ha planteado de forma subsidiaria que, en caso de continuar el juicio, los hechos sean calificados como un presunto delito instantáneo de carácter leve, buscando reducir las posibles consecuencias penales para su patrocinado.
El procedimiento judicial tiene su origen en una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. Mientras las acusaciones populares solicitan penas que alcanzan los tres años de prisión para los principales encausados, la Fiscalía mantiene una postura divergente. El Ministerio Público ha solicitado el archivo de la causa o la absolución de los procesados al considerar que, tras la instrucción realizada, no concurren indicios de criminalidad suficientes para sustentar una condena.
