La Policía Judicial de Portugal registra la sede del Partido Socialista por presuntas irregularidades en contratos municipales
La Policía Judicial de Portugal llevó a cabo este jueves un registro en la sede nacional del Partido Socialista (PS), situada en Lisboa, como parte de una investigación por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos públicos. La operación, denominada «Imergente», se ha saldado hasta el momento con cinco personas detenidas y 37 sospechosos declarados formalmente como «arguidos», una figura jurídica previa a la acusación formal en el sistema procesal luso.
Según el comunicado oficial emitido por la Policía Judicial, las diligencias se han extendido más allá de la capital, alcanzando también las ciudades de Mafra, Oeiras y Coimbra. Los investigadores centran sus pesquisas en procedimientos de ajuste directo y consultas previas que, según los indicios recabados, podrían haber vulnerado las normas legales aplicables, provocando un perjuicio directo a los fondos públicos del Estado portugués.
Los delitos que se imputan de forma preliminar en esta causa incluyen prevaricación y participación económica en negocios. El cuerpo policial precisó que las irregularidades estarían vinculadas a la gestión de diversos contratos municipales, aunque por el momento no se han detallado las identidades ni los cargos específicos de las personas arrestadas o investigadas bajo la condición de «arguidos».
Para la ejecución de estas diligencias, las autoridades movilizaron un dispositivo de gran envergadura compuesto por cerca de 400 inspectores y peritos de la Policía Judicial, quienes contaron con el respaldo de siete magistrados de la Fiscalía lusa. El despliegue subraya la complejidad de la trama de contratación que se analiza en el marco de esta operación contra la corrupción administrativa.
Tras la finalización de los registros y las detenciones, la Policía informó que los arrestados serán presentados ante los tribunales en las próximas horas. Durante la comparecencia judicial, los detenidos serán interrogados y se determinarán las medidas cautelares pertinentes para cada caso, mientras el Ministerio Público continúa con el análisis de la documentación incautada en la sede del partido y otros puntos registrados.
