El PP cuestiona la elección de escaño de María Jesús Montero y vincula su decisión al aforamiento judicial
El portavoz parlamentario del Partido Popular de Andalucía, Toni Martín, ha instado este jueves a la secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a aclarar si mantendrá su acta en el Congreso de los Diputados o si optará por ocupar su escaño en el Parlamento de Andalucía. Según el dirigente popular, esta elección no es una cuestión meramente política, sino que determinaría si su aforamiento corresponde al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ante eventuales procedimientos judiciales.
En declaraciones ante los medios de comunicación, Martín ha señalado que la decisión de la líder socialista podría estar condicionada por sus «circunstancias personales actuales y las que previsiblemente pueda tener en el futuro». Para el Partido Popular, la permanencia en la Cámara Baja buscaría mantener la protección jurídica bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo ante lo que califican como un escenario probable de «quebraderos de cabeza judiciales».
La formación popular ha vinculado esta exigencia de explicaciones a las recientes actuaciones de la Guardia Civil en investigaciones que afectan a diversas esferas del Ejecutivo central y del Partido Socialista. Martín ha calificado la situación de «inquietante» para la calidad democrática y ha criticado la falta de comparecencias públicas de la ministra Montero desde la pasada jornada electoral del 17 de mayo.
El portavoz del PP ha planteado una serie de interrogantes sobre el grado de conocimiento de Montero respecto a presuntas actividades ilícitas. En concreto, ha preguntado si la dirigente socialista tuvo alguna participación o conocimiento en supuestas prácticas de financiación irregular del PSOE-A, así como en la trama relativa al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Asimismo, el Partido Popular ha solicitado aclaraciones sobre las relaciones de la ministra con personas investigadas en distintas causas. Entre los puntos señalados figuran los contactos con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, tras su imputación, y las informaciones que apuntan a que su jefe de gabinete, Carlos Moreno, habría recibido pagos por parte del empresario Víctor de Aldama a cambio de gestiones en el ámbito fiscal.
Desde el Grupo Parlamentario Popular insisten en que la ministra no puede eludir sus responsabilidades políticas y debe detallar si conocía las actividades de los miembros del Gobierno y del partido que actualmente se encuentran bajo investigación judicial. La formación concluye que la transparencia es imperativa ante la gravedad de los hechos que se están analizando en las instancias policiales y judiciales.
