La Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa contra David Sánchez por prescripción y falta de indicios

El Ministerio Público ha solicitado formalmente ante la Audiencia Provincial de Badajoz el sobreseimiento libre y la exclusión definitiva de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el procedimiento judicial que investiga su contratación por parte de la Diputación de Badajoz. La representación de la Fiscalía se ha adherido a la petición de la defensa al considerar que los posibles hechos punibles habrían prescrito y que no existen indicios de criminalidad que justifiquen su continuidad en el banquillo de los acusados.

Según el escrito de la acusación pública, el presunto delito de aceptación de un nombramiento ilegal, tipificado en el artículo 406 del Código Penal, tiene la consideración de delito leve y acarrea exclusivamente penas de multa de tres a ocho meses. Bajo esta premisa técnica, la Fiscalía subraya que dicha infracción prescribe al año de su comisión, por lo que el recorrido penal contra el investigado se encontraría extinguido. El Ministerio Fiscal sostiene que no se desprende «ningún indicio de conexidad material ni de continuidad delictiva» que permita vincular procesalmente su conducta con otros delitos de mayor gravedad.

La estrategia jurídica del Ministerio Público se fundamenta en desvincular la actuación de David Sánchez de los presuntos delitos de prevaricación administrativa que se atribuyen a los altos cargos de la Diputación pacense encargados de la confección de su puesto laboral. La Fiscalía argumenta que el acto de aceptar el cargo constituye un «delito instantáneo» y diferenciado de la prevaricación de origen, descartando la existencia de «connivencia» o un pacto delictivo mutuo entre el beneficiario y los responsables de la institución provincial.

De forma paralela, la solicitud de la Fiscalía se ha extendido a la situación procesal de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. El Ministerio Público ha denunciado una presunta vulneración del derecho fundamental a la defensa, alegando que se introdujeron hechos nuevos de forma «sorpresiva» en el auto de procedimiento abreviado sin que el investigado hubiera sido oído en declaración por estos puntos específicos durante la fase de instrucción. Por ello, la fiscal ha reclamado la anulación parcial del auto y la exclusión de Gallardo de esta parte del procedimiento.

Por su parte, las acusaciones populares, entre las que se encuentra el sindicato Manos Limpias, han impugnado estas solicitudes de nulidad y sobreseimiento. Los letrados de la acusación mantienen su petición de penas que alcanzan los tres años de prisión para algunos de los investigados y defienden la validez de la instrucción realizada por la magistrada Beatriz Biedma. Durante la jornada de cuestiones previas celebrada este jueves, las acusaciones recalcaron la imparcialidad del tribunal y rechazaron los argumentos de las defensas que cuestionaban el rigor del procedimiento judicial.

El desarrollo de estas sesiones se produce tras una fase de instrucción en la que se investigaron presuntas irregularidades en la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación. La sala de la Audiencia Provincial de Badajoz ha escuchado a todas las partes y ha anunciado que resolverá las cuestiones previas en la sesión prevista para el próximo lunes, momento en el que se decidirá si el juicio continúa con todos los encausados o si se estiman las peticiones de archivo de la Fiscalía y las defensas.