El juez Pedraz investiga una presunta red para obtener información sensible sobre mandos de la UCO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga las actividades de una supuesta trama dedicada a la obtención de información reservada y comprometetedora sobre los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Según consta en el auto judicial, la red habría intentado recabar datos sensibles de investigadores implicados en causas que afectan al entorno del PSOE, con el fin de desestabilizar dichos procesos judiciales.
En el epicentro de las pesquisas se encuentra Leire Díez, militante de la formación socialista, quien presuntamente coordinó encuentros con personas investigadas en distintas causas penales. El magistrado señala que la finalidad de estas citas era conseguir información sobre la estructura de la unidad de élite de la Guardia Civil y sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción. Para ello, la trama habría ofrecido a los investigados supuestos tratos de favor ante la Fiscalía a cambio de su colaboración.
Entre los contactados figura el exsecretario de Estado de Seguridad del Partido Popular, Francisco Martínez, quien mantuvo dos reuniones con Díez en junio y julio de 2024. Según el instructor, en dichos encuentros se le solicitó información sobre operaciones policiales del pasado que hubieran perjudicado al PSOE en Andalucía. Fuentes cercanas a Martínez confirman los encuentros en un despacho de abogados, aunque aseguran que no se concretó ningún acuerdo con el Ministerio Público y que el ex alto cargo no aportó la información requerida.
Como parte de las diligencias, el juez Pedraz ha ordenado al PSOE que facilite el registro de entrada de su sede en la calle Ferraz. La justicia busca confirmar si personas implicadas en la trama, incluyendo al empresario Javier Pérez Dolset o al comisario jubilado José Manuel Villarejo, acudieron a las dependencias del partido. El auto judicial recoge manifestaciones de Díez en las que aseguraba que la información obtenida se trasladaría a responsables de la formación que se encontraban en comunicación directa con el Palacio de la Moncloa.
La investigación también se dirige contra el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, imputado por delitos de revelación de secretos y cohecho. De acuerdo con las grabaciones intervenidas por los investigadores, Sánchez Yepes habría facilitado datos sobre la composición y el funcionamiento de la UCO, reconociendo en las propias grabaciones el carácter delictivo de la entrega de dicha información. El magistrado considera que estos datos servían para identificar objetivos con la intención de desprestigiar las investigaciones en curso.
Este procedimiento judicial coincide en el tiempo con la comparecencia de Francisco Martínez en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen. En su declaración del pasado jueves, el exsecretario de Estado negó la existencia de un operativo parapolicial para espiar a Luis Bárcenas, calificando la denominada operación como una «leyenda mediática» y desvinculando al anterior Ministerio del Interior de cualquier intento de sustracción de material sensible relacionado con la contabilidad del Partido Popular.
