Sectores de Más Madrid proponen el abandono del Gobierno y un adelanto electoral ante las investigaciones al PSOE

La estabilidad del Gobierno de coalición enfrenta nuevas tensiones internas tras el posicionamiento público de sectores de Más Madrid que abogan por una salida del Ejecutivo y la convocatoria anticipada de elecciones generales. Pablo Gómez Perpinyà, referente de la corriente vinculada a Íñigo Errejón y exvocero en la Asamblea de Madrid, ha defendido que esta medida es la «mejor-peor opción» para la formación ante el impacto de las investigaciones judiciales por presunta corrupción que afectan al entorno del Partido Socialista.

La propuesta de Perpinyà, que ha generado un notable eco dentro del partido liderado por la ministra Mónica García, sostiene que la izquierda alternativa corre el riesgo de quedar subordinada y desgastada dentro de la actual estructura gubernamental. Según el dirigente, el espacio político a la izquierda del PSOE necesita recuperar autonomía y renovar liderazgos, argumentando que es preferible concurrir a unos comicios controlando los tiempos que permanecer en una legislatura marcada por la presión judicial y la pérdida de fuerza social.

Pese a la contundencia de estas declaraciones, la dirección oficial de Más Madrid y el núcleo duro de Sumar mantienen, por el momento, una estrategia de continuidad basada en la prudencia. Fuentes de la formación indican que la línea vigente consiste en no romper la baraja y esperar al desarrollo de los acontecimientos, aunque admiten que el malestar en el grupo parlamentario es «in crescendo». La exigencia de explicaciones directas al presidente Pedro Sánchez se ha convertido en una demanda compartida por otros socios de la coalición, como Compromís y los Comuns.

El debate estratégico se produce en un contexto de máxima sensibilidad judicial. Las recientes diligencias de la Audiencia Nacional sobre la trama de Leire Díez, la imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) han elevado la tensión entre los socios de Gobierno. Diputados como Alberto Ibáñez, de Compromís, han manifestado que la confianza en el socio mayoritario se encuentra en niveles mínimos tras conocerse los autos judiciales que señalan presuntos delitos de organización criminal y falsedad documental.

Desde el punto de vista electoral, sectores críticos de Más Madrid advierten que figuras con proyección institucional, como la propia ministra de Sanidad, Mónica García, podrían ver perjudicada su imagen de gestión si se las vincula con la situación del Ejecutivo. No obstante, las voces contrarias a la ruptura señalan que un abandono del Gobierno en este momento podría ser percibido por el electorado como una dejación de funciones que facilitaría el acceso al poder de la oposición, dejando a la formación en un espacio de escasa rentabilidad política.

Por ahora, la consigna oficial en Sumar es la de ganar tiempo y no «apretar el botón nuclear» de la legislatura, supeditando cualquier decisión drástica a la aparición de sentencias condenatorias. Sin embargo, el reconocimiento de que las imputaciones son de «máxima gravedad» ha abierto una brecha en la narrativa de la coalición, que ha comenzado a alejarse de la tesis del «lawfare» para exigir responsabilidades políticas directas ante los hechos investigados.