El excomisario jefe de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas y actual jefe superior en Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha sido señalado como el presunto mediador que facilitó el contacto entre la directiva de la aerolínea Plus Ultra y la cúpula del Ministerio de Transportes en abril de 2020. Según fuentes jurídicas personadas en la causa, el mando policial habría desempeñado un papel determinante para que los responsables de la compañía aérea accedieran al núcleo de confianza del entonces ministro José Luis Ábalos.
La investigación apunta a que las gestiones de Gómez Martín permitieron que el accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, y el director financiero, Roberto Roselli, fueran recibidos el 22 de julio de 2020 por el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Este encuentro en la sede ministerial se produjo en un contexto de búsqueda activa de apoyos institucionales por parte de la aerolínea para afrontar la parálisis operativa derivada de la crisis sanitaria.
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitidos a la Audiencia Nacional revelan comunicaciones internas de la empresa en las que se planteaba la necesidad de «sondear contactos políticos». Aunque los investigadores identificaron inicialmente a Koldo García, asesor de Ábalos, como el enlace principal, nuevas informaciones sugieren que el comisario Gómez Martín habría actuado como puente entre el entorno ministerial y el equipo legal de la aerolínea.
Estas gestiones ante el Ministerio de Transportes se desarrollaron de forma paralela a otra vía de influencia vinculada al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según los indicios recabados, tras la reunión con la secretaría de Estado, la estrategia de la compañía se decantó finalmente por el canal abierto con el expresidente para asegurar el rescate de 53 millones de euros procedentes de fondos públicos, el cual fue autorizado en marzo de 2021.
La figura de Jesús María Gómez Martín ya había cobrado relevancia pública por su presencia en el aeropuerto de Barajas durante el episodio conocido como el ‘Delcygate’, en enero de 2020. Su posible implicación en la trama de Plus Ultra ha motivado que la anterior instructora del caso, la magistrada Esperanza Collazos, solicitara su investigación por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, al apreciar indicios de favores y gratificaciones a cambio de facilitar actividades en instalaciones aeroportuarias.
Actualmente, la decisión sobre la imputación formal del mando policial recae en el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien analiza las pruebas trasladadas tras la inhibición del juzgado de instrucción original. Por su parte, el Ministerio del Interior mantiene al comisario en su puesto en el archipiélago canario, alegando la ausencia de una imputación judicial firme que justifique medidas disciplinarias inmediatas, a pesar de las peticiones de cese cursadas por diversas asociaciones profesionales.
