La Comisión Europea autoriza el mercado de capacidad de España con una dotación de 9.000 millones de euros

La Comisión Europea ha otorgado este viernes su aprobación definitiva al mercado de capacidad diseñado por el Gobierno de España, un mecanismo estratégico que busca garantizar la estabilidad y el respaldo del sistema eléctrico nacional. La medida, que contará con un presupuesto estimado de 9.000 millones de euros distribuidos a lo largo de la próxima década, tiene como objetivo principal asegurar el suministro eléctrico frente a posibles episodios de escasez y acompañar la transición hacia un modelo basado en energías renovables.

El Ejecutivo comunitario ha ratificado que este esquema de ayudas estará vigente por un periodo de diez años, con una dotación anual prevista de unos 900 millones de euros. No obstante, el importe final de la medida quedará supeditado al resultado de las subastas competitivas en las que participarán instalaciones de generación, sistemas de almacenamiento y operadores de gestión de la demanda. Estas entidades recibirán una retribución a cambio de comprometer su disponibilidad para aportar energía a la red en momentos de alta tensión o baja producción de fuentes variables.

El diseño del mecanismo se articula sobre un estándar de fiabilidad técnica que define las necesidades de cobertura para mitigar riesgos de interrupciones en el suministro o grandes apagones. Bajo la supervisión de Red Eléctrica, el sistema contempla tres modalidades de subastas: una principal de carácter estructural para el largo plazo, una de ajuste anual para cubrir necesidades coyunturales y una convocatoria transitoria que operará hasta la puesta en marcha de los nuevos proyectos adjudicados en las categorías principales.

Bruselas ha calificado la iniciativa como «necesaria y adecuada», subrayando que el diseño de los procesos de concurrencia competitiva limita las posibles distorsiones en el mercado único y el comercio intracomunitario. Según el dictamen europeo, el mecanismo no solo refuerza la seguridad del sistema, sino que favorece activamente el desarrollo de tecnologías de flexibilidad, tales como las baterías y la gestión activa del consumo, elementos considerados esenciales para integrar la intermitencia de las fuentes eólicas y fotovoltaicas.

En lo que respecta a las nuevas inversiones, la normativa aprobada establece que los proyectos de nueva creación que opten a esta retribución deberán centrarse exclusivamente en tecnologías renovables, almacenamiento o gestión de la demanda. Con esta limitación, el Gobierno busca que el mercado de capacidad funcione como un seguro de firmeza para el sistema eléctrico español mientras se avanza en la progresiva sustitución de las tecnologías de generación convencionales por alternativas descarbonizadas.

Este visto bueno definitivo llega tras el proceso de audiencia pública iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica a finales de 2024. La puesta en marcha de este «seguro» para la red permitirá a España disponer de un respaldo firme en un contexto de transformación del mix energético, cumpliendo con las directrices de ayudas de Estado y los objetivos de seguridad energética marcados por la Unión Europea.