La administración de Delcy Rodríguez busca consolidar gestión bajo supervisión de Washington tras transición de enero
La actual gestión encabezada por Delcy Rodríguez en Venezuela, denominada por analistas como el «chavismo 3.0», intenta proyectar una imagen de continuidad administrativa y estabilidad institucional tras los sucesos del pasado 3 de enero, fecha en la que se produjo la salida de Nicolás Maduro del ejercicio de la presidencia. Este nuevo esquema de poder se desarrolla en un contexto de marcada influencia de la administración estadounidense de Donald Trump, lo que ha generado un desplazamiento en el control soberano de los recursos estratégicos y la toma de decisiones políticas internas.
A cuatro meses del cambio en la estructura de mando, el Estado venezolano enfrenta un desafío de legitimidad en el ejercicio del poder. A pesar de los esfuerzos por mostrar normalidad a través de actos públicos y el aparato de comunicación estatal, la soberanía económica del país se encuentra condicionada por la gestión directa de Washington sobre la industria petrolera y las reservas minerales. El plan delineado por figuras como Marco Rubio propone una hoja de ruta de tres fases centrada en la estabilización y recuperación económica, dejando la transición hacia procesos electorales para una etapa posterior aún sin fecha definida.
En el ámbito macroeconómico, la situación sigue siendo crítica. Venezuela mantiene una deuda externa en mora que asciende a los 180.000 millones de dólares, cuya renegociación se estima que podría prolongarse al menos por cuatro años. Desde el inicio de este periodo hasta el cierre de mayo, el tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central de Venezuela refleja un aumento del 83% en el precio del dólar, lo que ha derivado en una devaluación del signo monetario local cercana al 45% en términos nominales, manteniendo al país con la tasa de inflación más alta a nivel global.
La realidad social de la población muestra una brecha significativa entre los ingresos y el costo de vida. El ingreso mínimo mensual, incluyendo bonificaciones, se sitúa en torno a los 240 dólares, mientras que la canasta básica familiar para cinco personas se estima en 730 dólares. Esta disparidad se traduce en que el 79% de los ciudadanos califique la situación del país como «mala», según datos de la encuesta Latam Pulse de mayo, elaborada por Atlas Intel y Bloomberg. Los principales problemas identificados por la ciudadanía son la corrupción (60,7%), la pobreza (35%) y la falta de democracia (31%).
En cuanto a la percepción de liderazgo, el estudio de opinión revela que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, cuenta con un 25% de aprobación frente a un 58,7% de desaprobación. Su imagen negativa alcanza el 59%. Por el contrario, la figura de la opositora María Corina Machado registra una imagen positiva del 55% y un rechazo del 24%. No obstante, el margen de maniobra de la oposición también se ha visto restringido, pues sus acciones estratégicas y propuestas de cronograma electoral dependen actualmente del visto bueno de la Casa Blanca.
Finalmente, el futuro de los activos estratégicos de la nación —que posee el 20% de las reservas mundiales de petróleo, además de oro, coltán y otros minerales— es objeto de una reconfiguración geopolítica. Mientras que el sector oficialista promueve la llegada de capitales occidentales como vía para superar el estancamiento, la falta de un calendario electoral transparente y de instituciones sólidas sigue limitando la llegada de inversiones masivas. Expertos coinciden en que la recuperación sostenida de la institucionalidad y la economía venezolana requerirá necesariamente de un compromiso de Estado emanado de un gobierno legítimamente electo.
