La Audiencia de Málaga condena a una pareja por explotación laboral de inmigrantes en situación irregular
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un hombre y una mujer por someter a trabajadores extranjeros en situación irregular a condiciones de explotación laboral calificadas de «semiesclavitud». La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad entre los acusados y la Fiscalía, impone penas de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
El principal condenado ha recibido una pena de cuatro años y nueve meses de prisión. Se le atribuyen delitos continuados contra los derechos de los trabajadores, con la agravante de imponer condiciones laborales abusivas, además de falsificación en documentos mercantiles y oficiales. Por su parte, la mujer ha sido condenada a 21 meses de cárcel por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. Al ser una sentencia de conformidad, el fallo es firme y no admite recurso.
Según los hechos probados recogidos en la resolución judicial, los condenados utilizaron su estructura empresarial y una asociación supuestamente destinada a la ayuda de inmigrantes para captar a personas en situación de vulnerabilidad entre los años 2022 y 2023. Para eludir los controles policiales y laborales, los procesados facilitaban a los afectados identidades de otros trabajadores extranjeros que sí contaban con permisos legales de residencia y trabajo en España.
El tribunal destaca que las condiciones impuestas eran «draconianas» y contrarias a la legislación laboral vigente. El relato judicial detalla que los empleados carecían de contrato y seguro social, trabajando jornadas agotadoras sin derecho a descanso ni vacaciones. En un caso documentado, un trabajador desempeñaba funciones de vigilancia en obras durante las 24 horas del día por un salario de 800 euros mensuales, pernoctando sobre cartones en las mismas instalaciones sin posibilidad de abandonarlas.
La sentencia también señala que los condenados daban instrucciones precisas a los trabajadores para engañar a la Inspección de Trabajo, indicándoles que debían presentarse como amigos de los propietarios en caso de una visita oficial. Asimismo, la pareja gestionaba el alquiler de una vivienda donde se encontraban empadronadas hasta quince personas, quienes residían en condiciones de hacinamiento y pagaban rentas a sus propios empleadores.
La Sala subraya que los acusados se aprovecharon de la necesidad de los afectados y de su situación administrativa irregular, bajo la promesa incumplida de tramitar su regularización en el país. Con esta resolución, se cierra el procedimiento judicial que pone de manifiesto el uso instrumental de entidades sociales y empresas reales para el encubrimiento de prácticas de explotación laboral en la provincia.
