El Defensor del Pueblo insta a la Policía a suspender las expulsiones de migrantes en proceso de regularización

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha remitido una recomendación formal a la Dirección General de la Policía (DGP) para que se evite la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren actualmente tramitando la regularización de su situación administrativa en España. La institución solicita que, mientras dure el actual proceso extraordinario, no se ejecuten órdenes de salida contra aquellas personas que carezcan de antecedentes penales y cuya única infracción sea la estancia irregular en el país.

La petición se circunscribe al periodo de vigencia del proceso de regularización de migrantes, el cual se inició el pasado 16 de abril y tiene previsto finalizar el próximo 30 de junio. El Defensor del Pueblo considera necesario que, durante este intervalo, la Administración actúe con prudencia para no frustrar las expectativas de legalización de quienes cumplen con los requisitos estipulados por la normativa vigente.

En su escrito, la institución subraya que la Dirección General de la Policía debería verificar sistemáticamente la documentación aportada por los extranjeros antes de iniciar cualquier procedimiento de expulsión. Específicamente, se recomienda que, cuando un ciudadano manifieste haber solicitado una autorización de residencia por arraigo extraordinario y presente el correspondiente justificante, se demore cualquier ejecución hasta que exista un pronunciamiento administrativo firme sobre su solicitud.

Esta intervención institucional se produce tras la recepción de diversas quejas de migrantes que, a pesar de haber iniciado sus trámites de regularización, han sido detenidos o informados de la ejecución inminente de su expulsión. Según los datos recabados por el Defensor del Pueblo, se trata en su mayoría de personas con un arraigo consolidado en España, que cuentan con vínculos sociales, laborales o familiares acreditados tras años de residencia en el territorio nacional.

El Defensor del Pueblo enfatiza que la medida de expulsión debe ser proporcional y atender a las circunstancias individuales. Por ello, señala que siempre que estas personas no representen una amenaza real para el orden público, la seguridad nacional o la salud pública, y mantengan una trayectoria sin antecedentes penales, la Administración debería priorizar la resolución de sus expedientes de residencia frente a la medida sancionadora de expulsión.

Con esta recomendación, la institución busca garantizar la seguridad jurídica de los solicitantes y asegurar que los mecanismos de regularización puestos en marcha por el Gobierno operen con plena eficacia, evitando situaciones de vulnerabilidad para aquellos ciudadanos extranjeros que buscan normalizar su estatus legal en España.