La Unión Europea acuerda endurecer la política de retornos y avala la externalización de centros de deportación
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo político sobre la nueva directiva de retornos, que endurece el marco normativo para los solicitantes de asilo rechazados. La medida consolida la base legal para que los Estados miembro puedan externalizar centros de deportación a países fuera del territorio comunitario, siguiendo esquemas similares al implementado por Italia en Albania.
El consenso llega tras resolver las discrepancias sobre los plazos de aplicación de la norma. Finalmente, la mayoría de las disposiciones entrarán en vigor en un periodo de doce meses tras su publicación oficial. No obstante, los mecanismos relativos a la externalización de centros y el refuerzo de la agencia Frontex se aplicarán de forma inmediata tras su inserción en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
La nueva normativa establece la obligatoriedad de que los demandantes de asilo cooperen activamente con las autoridades en el proceso de expulsión en caso de denegación de su solicitud. En escenarios de falta de colaboración o riesgo de fuga, la directiva prevé plazos de detención de hasta 24 meses. Esta medida podrá extenderse a familias con niños y menores bajo la premisa de «último recurso» y por el tiempo más breve posible, aunque la legislación no fija límites temporales específicos inferiores al máximo general.
Pese a la ampliación de los plazos, el texto subraya que los motivos y términos de la detención deberán estar regulados por las legislaciones nacionales y supervisados en última instancia por las autoridades judiciales competentes. Asimismo, se faculta a los Estados para aplicar medidas alternativas a la privación de libertad, tales como la presentación de informes periódicos ante la autoridad, la fijación de residencia o el depósito de garantías financieras.
Otro de los pilares del acuerdo es el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno. Antes del 1 de julio de 2027, todos los países del bloque deberán ejecutar las órdenes de expulsión emitidas por otros Estados miembro. Según lo pactado, la responsabilidad de garantizar el retorno efectivo recaerá sobre el país donde se localice físicamente la persona afectada por la orden administrativa de expulsión.
En lo que respecta a los centros en terceros países, la directiva busca asegurar que los inmigrantes permanezcan fuera del espacio comunitario mientras se tramita su repatriación definitiva al país de origen o de tránsito. Estos acuerdos de externalización podrán ser suscritos de forma individual por los Estados o de manera conjunta por la Unión. No obstante, el nuevo marco legal prohíbe explícitamente el traslado de menores no acompañados a estas instalaciones situadas fuera de las fronteras de la UE.
El acuerdo ha suscitado críticas por parte de organizaciones civiles. El Comité Internacional de Rescate (IRC) ha advertido que la reforma presenta vacíos legales que podrían derivar en detenciones ilegales y vulneraciones de los Derechos Humanos. Desde la organización lamentan que el incremento de los poderes de deportación no se haya visto compensado con salvaguardias adicionales para los colectivos más vulnerables.
