Un tribunal de EE. UU. declara ilegal la prohibición de soldados transgénero en las Fuerzas Armadas
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia falló este lunes en contra de la orden ejecutiva de la administración de Donald Trump que prohíbe a las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La resolución ratifica una sentencia previa al considerar que la medida vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos afectados.
En su decisión, el tribunal calificó la política militar impulsada por la Casa Blanca como «arbitraria» y señaló que la normativa está «impulsada por animosidad». Este fallo respalda sustancialmente la conclusión emitida en marzo de 2025 por una jueza de Washington, quien ya había determinado que la exclusión de personas trans de las filas militares carecía de fundamentos jurídicos sólidos.
A pesar del sentido de la sentencia, la resolución judicial no tendrá efectos inmediatos sobre la actual operatividad de las Fuerzas Armadas. El Gobierno federal aún dispone de la posibilidad de solicitar una revisión ante el pleno del tribunal (en banc) para presentar nuevos argumentos, lo que mantiene en suspenso la aplicación del fallo mientras se agotan las instancias legales correspondientes.
La controversia se originó el 27 de enero de 2025, cuando el presidente Trump firmó el decreto restrictivo apenas una semana después de asumir su segundo mandato. La orden del Ejecutivo establecía que la identidad de género distinta al sexo de nacimiento entraba en conflicto con los valores de disciplina y estilo de vida exigidos en la carrera militar, instruyendo al Departamento de Defensa a implementar dicha exclusión, salvo excepciones mínimas.
Hasta la fecha, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha permitido que la administración mantenga vigente la prohibición mientras los recursos legales transcurren en las cortes inferiores. El máximo tribunal del país aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la constitucionalidad de la medida, por lo que la decisión de este lunes representa un paso más en la batalla legal iniciada por diversas organizaciones de derechos civiles y asociaciones de defensa de los derechos humanos.


