La Audiencia Provincial de Badajoz inicia el juicio de David Sánchez marcado por cambios en los testimonios y denuncias de manipulación documental
La primera jornada de declaraciones testificales en el proceso judicial contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y otros cargos de la Diputación de Badajoz, ha concluido con un escenario procesal complejo. La sesión estuvo marcada por un giro en los testimonios de los principales testigos, resoluciones técnicas que han eximido de ciertos cargos a los acusados y, finalmente, una denuncia por parte de las acusaciones populares sobre la presunta manipulación del expediente administrativo de la plaza bajo investigación.
En el ámbito estrictamente jurídico, la Audiencia Provincial de Badajoz dictó dos resoluciones técnicas que han aliviado la situación procesal de los investigados. En primer lugar, el tribunal decretó la extinción de la responsabilidad penal de David Sánchez por el delito de aceptación de nombramiento ilegal, al considerar que los hechos, ocurridos en 2017, han prescrito. Asimismo, se exoneró a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, de responder por los delitos vinculados a la contratación de Luis María Carrero, tras determinar que su inclusión en la vista oral suponía una «acusación sorpresiva» que vulneraba su derecho a la defensa.
La fase testifical comenzó con las declaraciones de Yolanda Sánchez y Evaristo Valentí, directores de los conservatorios de música de Badajoz. Ambos testigos modificaron sustancialmente la postura mantenida durante la fase de instrucción, donde sus afirmaciones habían alimentado la tesis de una contratación diseñada a medida. En la sesión de este lunes, calificaron de «rumor» la idea de que la plaza de Coordinador de Actividades Musicales fuera creada ad hoc para el hermano del jefe del Ejecutivo.
Durante el interrogatorio, se puso especial énfasis en un correo electrónico de mayo de 2017 cuyo asunto rezaba ‘El hermanísimo’. Yolanda Sánchez, actual directora, manifestó ante el tribunal no recordar dicha comunicación ni otorgarle importancia al asunto del mensaje, centrando su defensa de la contratación en términos de utilidad operativa para la institución. Por su parte, Valentí aseguró que no le constaba que la adjudicación se hubiera realizado de forma arbitraria, limitando el conocimiento del proceso a los comentarios generales de la época.
No obstante, el desarrollo del juicio tomó un rumbo diferente cuando las acusaciones populares, apoyadas en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, denunciaron una presunta alteración del expediente administrativo oficial. Según la documentación aportada por la policía judicial, existiría una discrepancia crítica entre la cronología oficial de la Diputación y las comunicaciones internas interceptadas entre los responsables de Recursos Humanos.
La investigación de la UCO revela un correo electrónico fechado el 10 de julio de 2017 que contenía un informe de valoración técnica en el que solo David Sánchez figuraba como candidato apto, a pesar de contener errores de cálculo en la puntuación. Esta fecha es posterior al 30 de junio, día en que oficialmente se adjudicó la plaza. La tesis de la acusación sostiene que la Diputación pudo haber confeccionado un segundo expediente para sustituir al original tras las críticas políticas surgidas en aquel momento, intentando así dar una apariencia de mayor concurrencia y legalidad al proceso.
Las evidencias recabadas por la Guardia Civil apuntan a que, aunque el informe de valoración original no figura en el expediente entregado al juzgado, se hallaron rastros físicos del mismo en los archivos internos de la institución provincial. La existencia de una «ficha 2.10» en el currículum de David Sánchez coincidiría exactamente con la puntuación otorgada en el documento presuntamente eliminado, lo que refuerza las sospechas de una modificación a posteriori de la documentación pública.
