El TSJM anula el cese de la canciller de la embajada en Bélgica y ordena su restitución al Ministerio de Exteriores
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la funcionaria Elsa Calatrava, quien fuera destituida en agosto de 2022 de su cargo como canciller en la embajada de España en Bélgica. La sentencia, aprobada por unanimidad, obliga al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a restituir a la trabajadora en su puesto, reconociendo los efectos administrativos en su expediente personal en cuanto a antigüedad y las retribuciones económicas que procedan.
El fallo judicial fundamenta la anulación del cese en la «ausencia de motivación o la insuficiencia de la misma», calificándolo como un vicio del acto administrativo. Según el tribunal, la Administración tiene la obligación de motivar de forma concreta, objetiva y verificable las razones de la pérdida de idoneidad, incluso en los puestos de libre designación. El TSJM señala que la anulación conlleva el restablecimiento de la situación jurídica anterior a la resolución del departamento que dirige José Manuel Albares.
No obstante, la Sala no ha considerado acreditada la desviación de poder que alegaba la recurrente. La funcionaria sostenía que su destitución respondía a desencuentros personales con la embajadora Beatriz Larrotcha; sin embargo, los magistrados indican que no cabe concluir tal extremo únicamente por el hecho de que el cese no estuviera motivado de forma suficiente. La sentencia, dictada a principios de abril, es susceptible de recurso de casación ante instancias superiores.
El tribunal también ha reprochado al Ministerio el intento de justificar la decisión de manera sobrevenida, aportando documentación que no constaba en el expediente administrativo original. Esta práctica, según recoge la resolución, habría afectado al derecho de defensa de la funcionaria durante el proceso de remoción de su cargo en el servicio exterior.
Desde el ámbito sindical, la sección de UGT en el Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado la decisión judicial como un «serio correctivo» a la política de personal del departamento. A través de un comunicado interno, el sindicato ha denunciado lo que considera un uso abusivo de la libre designación y la discrecionalidad técnica como herramientas de presión, señalando que la pérdida de confianza no puede ser una «fórmula vacía» para justificar cesos sin una explicación real y objetiva.
La organización sindical ha instado al ministro Albares a implementar protocolos de prevención de conflictos y a dotar de mayor transparencia a los procedimientos de cese en el exterior. Subrayan que las decisiones administrativas en este ámbito deben extremar las garantías jurídicas, dadas las condiciones de movilidad y la afectación familiar que implican los traslados internacionales para los empleados públicos.
Este pronunciamiento del TSJM se suma a la jurisprudencia reciente que limita la discrecionalidad de la Administración en el cese de cargos de libre designación, exigiendo que los actos de remoción contengan una justificación que permita el control jurisdiccional y evite la arbitrariedad en el seno de las instituciones del Estado.
