La Unión Europea alcanza un acuerdo para endurecer la política de retornos y externalizar centros de deportación

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han formalizado un acuerdo político para reformar la normativa de retornos de inmigrantes en situación irregular. La medida busca agilizar los procesos de expulsión y establece, por primera vez, el marco legal necesario para trasladar a los solicitantes de asilo denegado a centros de deportación situados en terceros países fuera del territorio comunitario, siguiendo el modelo implementado recientemente por Italia en Albania.

El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha valorado positivamente el consenso alcanzado, afirmando que estas nuevas reglas permitirán «poner la casa europea en orden». Según el comisario, el reglamento dota a la Unión de un mayor control sobre la gestión migratoria, definiendo con mayor claridad quién tiene derecho a permanecer en suelo europeo y quién debe ser retornado a su país de origen o tránsito.

La nueva normativa sustituirá a la directiva de retornos vigente desde hace casi dos décadas. El cambio estructural radica en la validación legal de la externalización de la gestión migratoria. El reglamento permitirá que uno o varios Estados miembros, o la propia Unión Europea en su conjunto, negocien con países extracomunitarios la instalación de centros de estancia bajo su jurisdicción. Estos acuerdos estarán condicionados al cumplimiento estricto de los Derechos Humanos, el Derecho internacional y el principio de «non-refoulement» o prohibición de devoluciones en caliente.

Entre las disposiciones técnicas más relevantes, el acuerdo contempla una ampliación sustancial de los plazos de detención para migrantes en situación irregular mientras se tramitan sus expedientes. El periodo máximo de retención podrá alcanzar los 24 meses, con una posible prórroga de seis meses adicionales en casos de falta de cooperación del interesado o riesgo de fuga. Estos límites temporales podrán aplicarse también a menores no acompañados y familias, si bien la legislación especifica que la detención de menores debe ser siempre una medida de último recurso y por el periodo más breve posible.

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunnen, ha subrayado que los procedimientos serán «más rápidos, sencillos y eficaces» en todo el territorio comunitario. Virkkunnen defendió que el nuevo marco garantiza la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de los nacionales extracomunitarios que no disponen de derecho de residencia.

No obstante, el acuerdo ha suscitado el rechazo de diversas organizaciones civiles. El Comité Internacional de Rescate (IRC) ha alertado de que la nueva legislación presenta «peligrosos vacíos» que podrían dejar a los migrantes en una situación de desprotección. Desde la organización señalan que el refuerzo de los poderes de deportación no ha ido acompañado de salvaguardias suficientes para evitar abusos de poder o detenciones arbitrarias.

El texto acordado entre los colegisladores debe ahora someterse a la adopción formal por parte del Consejo de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara antes de su entrada en vigor definitiva. Una vez aprobado, el reglamento será de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea.