Anticorrupción solicita la comparecencia de generales de la Guardia Civil por presuntas presiones en causas judiciales
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la citación en calidad de testigos de dos generales que lideraron la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La petición se enmarca en la instrucción del «caso Leire» y surge tras las revelaciones sobre presuntas presiones ejercidas por la cúpula de la Benemérita para condicionar el curso de investigaciones que afectan a personas vinculadas al entorno del Gobierno.
El escrito del Ministerio Público insta al magistrado a tomar declaración a los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Según la documentación a la que ha tenido acceso la autoridad judicial, ambos mandos habrían manifestado ante agentes de la propia UCO haber recibido instrucciones para «ponerse de perfil» en procedimientos con implicaciones políticas, específicamente en las pesquisas referidas a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con el fin de que fuese la autoridad judicial quien asumiera la iniciativa procesal.
La solicitud de la Fiscalía no se limita a los exjefes de la UCO. Las fiscales del caso también han requerido el testimonio de Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, y del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Ambos habrían actuado como instructores en informaciones reservadas abiertas para investigar posibles filtraciones dentro del cuerpo, un aspecto que la Fiscalía considera relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados en el sumario.
Los hechos centrales que motivan esta petición se sitúan en una reunión celebrada en julio de 2024. De acuerdo con el atestado de la unidad investigadora, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, habrían instado a los mandos de la UCO a moderar su actividad. En dicho encuentro, Marcos habría calificado de «prospectivo y malintencionado» un oficio de solicitud de información relacionado con la causa de David Sánchez, que se instruye en un juzgado de Badajoz.
El relato incluido en las actuaciones señala que el general Rafael Yuste, actual jefe de Servicios Técnicos, se opuso a las pretensiones de la dirección general. Yuste habría argumentado la imposibilidad material de emitir un informe exculpatorio inmediato, como presuntamente se le solicitó, dado que la unidad se encontraba en fase de análisis de correos electrónicos y documentación preceptiva para la autoridad judicial.
Finalmente, la investigación recoge una segunda reunión fechada el 16 de julio de 2024. En esta ocasión, el DAO Manuel Llamas se habría trasladado a las dependencias de la UCO para interesarse por la evolución de las diligencias del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz. Los testimonios recabados indican que se trasladó la directriz de evitar la proactividad en procedimientos con afectación política, delegando la responsabilidad de cualquier avance exclusivamente en las decisiones que tomara el juez instructor.
