La acusación popular, ejercida por el Partido Popular (PP), presentó este lunes sus informes finales ante la Audiencia Provincial de Badajoz en el marco del juicio por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz. El letrado de la formación, Alberto Durán, calificó el proceso como una «ópera delictiva» dividida en tres actos y denunció supuestas maniobras externas orientadas a interferir en el desarrollo de la causa judicial.
Durante su intervención, la representación del PP sostuvo que la creación de tres plazas en la institución provincial se realizó al margen de los procedimientos legales establecidos. Según el abogado, el expediente administrativo sirvió como un «disfraz» para ocultar una realidad que, a su juicio, queda reflejada en los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Durán afirmó que el objetivo final de estas actuaciones era dotar de un puesto de trabajo específico a una persona determinada, lo que conllevaría responsabilidades penales.
En el desglose de lo que denominó el «primer acto», la acusación se refirió a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, creada en octubre de 2016 pero no provista hasta mayo de 2017. El letrado argumentó que los tiempos administrativos se ajustaron a la disponibilidad personal de David Sánchez. Asimismo, la acusación apuntó a un presunto tráfico de influencias, señalando que la decisión de crear dicho puesto habría partido de una interlocución directa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
El «segundo acto» descrito por la acusación popular se centró en la transformación del puesto en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. Según el abogado del PP, esta modificación no respondía a necesidades organizativas reales, sino al interés del contratado por gestionar el programa «Ópera Joven». La acusación hizo hincapié en que en esta nueva posición se eliminó de forma «deliberada» la cláusula de incompatibilidad, lo que habría permitido al investigado realizar actividades profesionales privadas en Portugal.
Respecto al «tercer acto», el letrado Alberto Durán vinculó la gestión de David Sánchez con la contratación de Luis Carrero. La acusación considera acreditado el tráfico de influencias y un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una plaza para funcionarios en comisión de servicios, a la que solo concurrió el mencionado interesado. Para el representante del PP, la dimisión de David Sánchez tras la judicialización del caso refuerza las dudas sobre la legalidad de todo el proceso previo.
En el tramo final de su exposición, Durán criticó la validez de los testimonios recabados durante la vista oral, sugiriendo que muchos testigos, al ser empleados de la Diputación, podrían haber actuado bajo temor a represalias o motivados por ascensos recientes. Además, el abogado vinculó las presuntas presiones judiciales con informaciones recientes sobre el denominado «caso Leire», asegurando que han existido intentos por parte de estructuras vinculadas al partido en el Gobierno para «destruir el procedimiento» y desacreditar a la jueza de instrucción.
La vista en la Audiencia Provincial de Badajoz continúa con el análisis de las pruebas y las conclusiones de las demás partes personadas, en un proceso que mantiene el foco sobre los criterios de contratación y la gestión de recursos humanos en la administración provincial extremeña.
