Leire Díez recurre ante la Audiencia Nacional el acceso de la UCO a sus registros telefónicos

La exmilitante socialista Leire Díez ha interpuesto un recurso contra la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a su listado de llamadas y mensajes de texto durante un periodo de cinco años. La defensa argumenta que esta medida constituye una «injerencia desproporcionada» y vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y las garantías procesales.

En el escrito de impugnación, la abogada Eva Bejarano sostiene que la diligencia judicial carece de una «base fáctica objetiva» y que se fundamenta en un acceso inicial a los dispositivos móviles que califica de «nulo de pleno derecho». Según la defensa, la incautación de los terminales durante la detención de Díez se realizó sin la preceptiva autorización judicial previa, basándose únicamente en lo que describen como «sospechas subjetivas» de los agentes encargados de la investigación.

Uno de los ejes principales del recurso reside en el desajuste temporal de la medida. La defensa señala que, si bien los hechos investigados se circunscriben al periodo comprendido entre 2021 y 2023, el auto judicial permite el rastreo de las comunicaciones desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2025. Para la representación legal de Díez, esta extensión temporal resulta «desmesurada» y ajena a los límites que deben regir en cualquier procedimiento de instrucción penal.

La investigación se enmarca en una causa sobre presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En diciembre de 2025, esta trama motivó la detención de Leire Díez, así como del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso, administrador de la sociedad Servinabar. Las diligencias buscan esclarecer si existieron adjudicaciones ilícitas y operativas para el desvío de fondos públicos.

La defensa técnica ha criticado el informe de la UCO que justifica la intervención, al considerar que está «plagado de generalidades» y no identifica con precisión a los interlocutores ni la relevancia penal de las conversaciones. Según el recurso, no se ha acreditado por qué el acceso a la totalidad de las comunicaciones es una medida idónea para el esclarecimiento de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y organización criminal que se instruyen en la causa.

Finalmente, cabe recordar que el juzgado mantiene abierta una pieza separada para investigar si la exmilitante coordinó una presunta red destinada a obstaculizar procesos judiciales que pudieran afectar al Ejecutivo o al PSOE. En esta línea de investigación se analiza el posible liderazgo del exdirigente socialista Santos Cerdán en dicha operativa. El juez Pedraz ya ordenó previamente un expurgo del material intervenido en el domicilio de Díez para separar la información personal de aquella con relevancia para el caso.