La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, actual director general de Transparencia de la Generalitat y exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco del denominado caso Azud. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Bellver contra diversas resoluciones judiciales, entre ellas el auto que denegó el sobreseimiento libre y archivo de la causa respecto a su persona.
La resolución judicial ratifica la condición de investigado de Bellver en una trama que analiza presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública en el consistorio valenciano. Según la instrucción, estas operaciones se habrían articulado mediante facturas supuestamente ficticias emitidas por empresas adjudicatarias. El proceso judicial ha avanzado tras la pérdida de la condición de aforado de Bellver, lo que permitió a la jueza instructora citarle formalmente para prestar declaración en el procedimiento.
La Audiencia fundamenta su decisión en los indicios recabados durante la investigación, reforzados por informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes apuntan a la celebración de reuniones entre Jorge Bellver y el empresario Jaime Febrer, considerado el principal investigado en el caso Azud. Estos encuentros, mantenidos en locales de ocio o sedes sociales, habrían tenido como objetivo tratar proyectos urbanísticos de relevancia, tales como el PAI del Grao o el desarrollo del circuito de Fórmula 1.
Los informes policiales detallan que el Grupo Axis, vinculado a Febrer, habría desarrollado una capacidad de influencia sobre procedimientos administrativos mediante el pago de comisiones o la entrega de dádivas a diversos cargos públicos. En el caso específico de Bellver, la UCO identificó anotaciones sobre direcciones de familiares directos destinadas, presuntamente, a la recepción de regalos. Los investigadores sostienen que estos contactos se producían al margen de los canales oficiales derivados de su cargo como edil de Urbanismo.
La investigación también vincula estas gestiones con la operativa del despacho Corbín Abogados, que habría percibido más de 224.000 euros entre los años 2007 y 2012 por labores relacionadas con la zona de El Grao. Según la Guardia Civil, estos pagos carecerían de una prestación real de servicios y se habrían materializado mediante un marco de facturación ficticio destinado a desvincular los fondos de su origen real, aprovechando la posición familiar y la influencia del titular del despacho en el seno del Ayuntamiento.
Con esta ratificación, la Audiencia Provincial de Valencia despeja el camino para que continúe la instrucción respecto al exconcejal, quien en 2022 declinó la posibilidad de personarse voluntariamente en la causa. La resolución se suma a la línea de investigación que mantiene a otros antiguos cargos públicos y responsables de finanzas de distintas formaciones políticas bajo el escrutinio judicial por su presunta participación en esta red de corrupción urbanística.
