El juez Pedraz amplía la investigación del fraude de hidrocarburos hasta diciembre de 2026

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la prórroga de la instrucción en la causa que investiga un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. Según el auto emitido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha extendido el plazo de las investigaciones seis meses adicionales, situando el nuevo límite temporal en diciembre de 2026.

La decisión judicial responde a la solicitud de la Fiscalía, que considera necesario cumplimentar diversas diligencias de investigación cuyo resultado podría determinar el avance de las pesquisas y la posible imputación de nuevos implicados. La causa se centra en la operativa de la empresa Villafuel, propiedad del empresario Claudio Rivas, y cuenta entre sus principales investigados con Víctor de Aldama, vinculado también al denominado ‘caso Koldo’.

En el razonamiento jurídico del auto, el juez Pedraz destaca que, dada la complejidad y naturaleza de los delitos investigados, se han practicado ya numerosas diligencias, incluyendo registros en domicilios y sedes sociales realizados a finales de 2024. El magistrado señala que la documentación intervenida en dichos operativos aún se encuentra pendiente de examen e informe por parte de la unidad policial especializada encargada del caso.

Asimismo, la instrucción se mantiene a la espera de los resultados de las órdenes europeas de investigación remitidas a las autoridades de Portugal. El análisis de esta documentación internacional se considera esencial para esclarecer el entramado societario y los flujos financieros bajo sospecha.

La investigación, que ya fue prorrogada el pasado mes de diciembre, analiza un presunto fraude que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en aproximadamente 231,7 millones de euros. De acuerdo con los informes policiales, las actividades ilícitas se habrían desarrollado de forma continuada entre los años 2021 y 2024.

El esquema del fraude, según detalla la UCO, consistiría en la utilización de operadoras de productos petrolíferos al por mayor que adquieren el combustible sin abonar el IVA en los depósitos fiscales. Posteriormente, estas entidades venden el producto a las gasolineras minoristas repercutiendo el impuesto, pero omiten el ingreso de dichas cantidades a la Hacienda Pública, eludiendo así sus obligaciones tributarias de forma sistemática.

Finalmente, los investigadores subrayan que las organizaciones criminales implicadas han evolucionado en sus métodos, interponiendo nuevas sociedades mercantiles para dificultar la acción judicial y proteger la operatividad de las empresas dominantes frente a posibles inhabilitaciones administrativas.