Visto para sentencia el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz concluye este martes la fase oral del juicio relativo a la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la corporación provincial extremeña. Tras siete jornadas de sesiones, la vista quedará formalmente vista para sentencia una vez que las últimas defensas presenten sus informes de conclusiones y los acusados ejerzan, si así lo desean, su derecho a la última palabra ante el tribunal.
En la sesión de cierre, el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio escuchará los argumentos finales de los representantes legales del diputado provincial Ricardo Cabezas y de Luis Carrero, adjudicatario de la plaza de jefe de actividades transfronterizas. Estos informes completan el turno de las defensas, que han mantenido a lo largo del proceso una postura unánime solicitando la libre absolución para los once procesados implicados en la causa.
El proceso judicial ha contado con la declaración de once acusados y más de 40 testigos, además de la intervención de siete acusaciones populares y el Ministerio Fiscal. Durante las jornadas previas, las acusaciones han elevado sus peticiones de condena, solicitando hasta seis años de prisión para David Sánchez por presuntas irregularidades en su acceso al cargo público. Asimismo, las peticiones de penas se extienden a cuatro años para Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, y dos años para Luis Carrero.
Por su parte, las defensas han fundamentado sus alegatos en la legalidad administrativa de los procedimientos seguidos por la Diputación de Badajoz. Los letrados sostienen que no existen pruebas de criminalidad en la creación y provisión del puesto de trabajo, rechazando las tesis de las acusaciones sobre presuntos delitos de prevaricación o malversación. En este contexto, el propio Miguel Ángel Gallardo ha calificado públicamente el relato acusatorio como una construcción sin base fáctica.
Con la finalización de los informes y el turno de última palabra, el tribunal iniciará la fase de deliberación para dictar una sentencia que determine si hubo arbitrariedad en la contratación del personal de la institución provincial. El fallo judicial pondrá fin a un procedimiento de alta relevancia institucional que ha analizado con detalle los mecanismos de selección de la administración local en Extremadura.
